La repercusión en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 derivó en una nueva discusión política. Desde La Libertad Avanza señalaron que algunos posteos de extranjeros residentes en el país con burlas hacia la Albiceleste fueron uno de los factores que impulsaron la presentación de un proyecto para que ciudadanos extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales de Buenos Aires.
La iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense por el diputado provincial y presidente del bloque libertario, Agustín Romo, y recibió el respaldo de distintos sectores del oficialismo, entre ellos dirigentes cercanos a Las Fuerzas del Cielo, el karinismo y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.
“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”, escribió Romo en sus redes sociales al anunciar la propuesta.
El proyecto plantea que los extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o sin situación migratoria regular deberán contar con un seguro de salud, una cobertura de un tercero obligado o abonar un arancel correspondiente para acceder a prestaciones médicas programadas. En el caso de las universidades provinciales, establece que las instituciones podrán fijar una retribución para los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
La iniciativa aclara que las emergencias médicas no podrán ser rechazadas ni demoradas por cuestiones económicas. El cobro, en esos casos, se aplicaría una vez que el paciente haya sido estabilizado. También quedarían exceptuadas las víctimas de trata de personas y aquellas atenciones vinculadas con enfermedades transmisibles o campañas de vacunación por razones de salud pública.
Desde el Gobierno nacional señalaron que una medida similar en materia sanitaria requeriría modificaciones a la Ley de Migraciones. En cuanto a la educación superior, recordaron que existe un marco vigente que permite a las universidades cobrarles a estudiantes extranjeros no residentes, aunque las casas de estudio nacionales no avanzaron hasta ahora con esa posibilidad.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que “desde el Gobierno ya lo hicimos dentro de las restricciones que tenemos” y afirmó que ahora corresponde a las universidades definir si aplican ese cobro.
El argumento del oficialismo
Romo defendió la propuesta al sostener que busca priorizar el acceso de los argentinos a los servicios públicos. “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de reciprocidad con otros países y aseguró que “en ningún lado nos dan salud o educación gratuita” bajo las mismas condiciones que Argentina ofrece a extranjeros.
Desde el oficialismo también apuntaron contra lo que denominan “estudiantes golondrina”, en referencia a personas que llegan al país para cursar una carrera y luego se retiran. Según Álvarez, la medida busca evitar ese tipo de situaciones.
Los números sobre la atención a extranjeros
La discusión ya había aparecido en años anteriores. Durante un debate similar, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había informado que los extranjeros representaban una proporción minoritaria de la atención sanitaria en la provincia: alrededor del 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones.
El proyecto presentado ahora por La Libertad Avanza sostiene que el objetivo no es negar la atención, sino establecer un sistema de contribución económica para quienes no tengan residencia permanente y utilicen servicios públicos financiados por el Estado provincial.
La iniciativa deberá avanzar ahora en la Legislatura bonaerense, donde comenzará el debate político sobre su alcance y posibles modificaciones antes de una eventual aprobación.
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