La comunidad internacional volvió a poner la mirada sobre Irán luego de que expertos independientes de Naciones Unidas reclamaran al gobierno de Teherán que suspenda las ejecuciones de diez jóvenes condenados a muerte por su presunta participación en las protestas antigubernamentales ocurridas en enero.
El pedido surgió tras la ejecución de dos de los doce acusados que habían recibido la pena capital en un proceso que, según los especialistas de la ONU, presentó graves irregularidades y no cumplió con los estándares mínimos de un juicio justo.
Un proceso cuestionado por falta de transparencia
Los expertos denunciaron que las condenas fueron dictadas en una misma audiencia y sin que quedara claramente establecida la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.
Además, señalaron que el juicio se desarrolló a puertas cerradas y cuestionaron que parte de las pruebas utilizadas por la Justicia iraní hayan sido confesiones difundidas públicamente en televisión.
Desde Naciones Unidas también advirtieron que algunos de los jóvenes habrían sido detenidos de manera arbitraria y sometidos a malos tratos durante su arresto, lo que podría afectar la validez de las pruebas obtenidas durante ese período.
“Los cargos en su contra siguen sin estar claros, ya que las audiencias del Tribunal Revolucionario son a puerta cerrada y las sentencias no se publican”, remarcaron los especialistas.
Las protestas que terminaron en condenas de muerte
La causa está vinculada con las manifestaciones que se produjeron en distintas ciudades iraníes a comienzos de enero. Lo que comenzó como una protesta por el aumento del costo de vida derivó en reclamos políticos contra el régimen.
Los doce jóvenes fueron acusados por las autoridades iraníes de estar involucrados en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, además de enfrentar cargos por incendios y daños materiales durante los disturbios registrados en la plaza Shahid Alikhani, en la ciudad de Isfahán.
Mientras el gobierno iraní afirmó que las protestas estuvieron vinculadas con acciones impulsadas desde el exterior y responsabilizó a Estados Unidos e Israel, organizaciones internacionales denunciaron una fuerte represión estatal contra los manifestantes.
Reclamos por el uso de la pena de muerte
El pronunciamiento de los expertos de la ONU se suma a una creciente preocupación internacional por el uso de la pena capital en Irán, especialmente en causas relacionadas con protestas sociales o políticas.
Según los especialistas, al menos 24 personas vinculadas con las manifestaciones de enero fueron ejecutadas durante este año, una cifra que incrementó los pedidos para que Teherán revise sus procedimientos judiciales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado en reiteradas oportunidades el elevado número de ejecuciones en el país. En la misma línea, los informes de Iran Human Rights y ECPM señalaron que durante 2025 fueron ejecutadas al menos 1.639 personas, el número más alto registrado en Irán desde 1989.
La ONU pidió detener las ejecuciones pendientes
Ante este escenario, los expertos internacionales solicitaron al régimen iraní que revoque las diez condenas todavía vigentes y garantice procesos judiciales acordes con las normas internacionales.
El reclamo se produce en un contexto de creciente tensión entre las autoridades iraníes y organismos de derechos humanos, que cuestionan la utilización de la pena de muerte como respuesta frente a movimientos de protesta dentro del país.
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