El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) podría convertirse en el tercer organismo multilateral en respaldar a la Argentina con una garantía financiera destinada a facilitar el acceso al crédito internacional. Según trascendió, el directorio del organismo debatirá a fines de julio la aprobación de un aval de entre USD 250 millones y USD 300 millones, que se sumaría a los ya otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para fortalecer el esquema financiero del país de cara a los próximos años. Actualmente, Argentina ya cuenta con una garantía de USD 2.000 millones del Banco Mundial y otra de USD 550 millones del BID, además de la autorización para negociar préstamos con organismos internacionales por hasta USD 5.000 millones.
Estas garantías funcionan como un respaldo que permite al país acceder a financiamiento privado en mejores condiciones. En el caso del Banco Mundial, el aval permite obtener préstamos por un monto equivalente al respaldo otorgado. Sin embargo, fuentes cercanas a la operación aseguran que tanto las garantías del BID como las que podría aprobar la CAF tienen un efecto multiplicador superior.
Por ejemplo, la garantía de USD 550 millones del BID habilitaría la obtención de hasta USD 1.200 millones en financiamiento privado, debido a la estructura financiera del organismo. En ese sentido, aunque el eventual aval de la CAF sea menor en términos nominales, también podría generar una capacidad de endeudamiento superior al monto aprobado.
Tanto el Banco Mundial como el BID señalaron que estas herramientas tienen como objetivo acompañar el programa de sostenibilidad fiscal acordado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de crédito.
El respaldo del Banco Mundial, compuesto por garantías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), cubrirá el 95% de los pagos del servicio de deuda de un futuro préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia.
Por su parte, el BID confirmó que su garantía también estará vinculada al financiamiento del programa Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (Projesus), destinado a fortalecer las capacidades de seguridad y justicia, mejorar la persecución penal y recuperar activos provenientes de actividades ilícitas. El organismo destacó además que el costo del crimen y la violencia en Argentina representa el 3,9% del Producto Bruto Interno, por encima del promedio regional.
La llegada de estas garantías coincide con una mejora en la percepción de los mercados sobre la economía argentina. Luego de que la calificadora Standard & Poor’s elevara la nota soberana del país de CCC+ a B, el riesgo país cayó hasta los 421 puntos básicos, generando un escenario más favorable para una eventual emisión de deuda en el exterior.
A pesar de ello, Caputo reiteró en los últimos días que el Gobierno no tiene previsto salir al mercado internacional de manera inmediata. Sin embargo, distintos analistas consideran que el Ejecutivo está preparando el terreno para una colocación de deuda durante el segundo semestre.
En esa línea, la consultora 1816 sostuvo en un informe reciente que el Gobierno podría necesitar reforzar sus recursos para sostener la estabilidad cambiaria durante el año electoral. Según la firma, es probable que en los próximos meses se concrete una emisión de deuda offshore para fortalecer las reservas y reducir los riesgos financieros de cara a 2027.
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