La empresa con base en la provincia de Santa Fe informó que a pesar de la intromisión del presidente de la Corte Santafesina de Justicia Rafael Gutiérrez, logró las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores. “Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”, indicaron.
Si bien hace unas semanas Gutiérrez le pidió al juez que llevaba adelante el Concurso que le remita el expediente y que detenga todos los plazos, este hecho se sumó a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera informada a finales del mes de abril del corriente año.
“De esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”, añadieron en el comunicado.
Por su parte, fuentes de la empresa expresaron a RedBoing: “Entendemos que estando exteriorizado de manera pública la voluntad de las mayorías necesarias de los acreedores para darle una solución de fondo al problema comercial de Vicentin, no hay motivo para que el expediente continúe con los términos suspendidos y en una especie de revisión que pretende proponer, entendemos nosotros, desde la Corte a través de ese recurso”.
En la jornada de ayer se conoció que la exportadora contrató a una eminencia del derecho, Ricardo Gil Lavedra, quien solicitó “la inmediata devolución del expediente”. En un comunicado, Vicentín expresó: “Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde”. Por su parte, agregó: “No hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente, por lo que hacerlo provocará un escándalo jurídico que acarreará una grave crisis económica y social”.
El pasado 16 de junio, la Corte aplicó la avocación, una herramienta que suspende plazos procesales a una causa, que le retira la causa al juez a cargo ante un inminente riesgo de arbitrariedad para alguna de las partes y que conlleve a un evento de interés público. Rafael Gutiérrez, como presidente del alto tribunal, solicitó el envío del expediente para ser analizado. A partir de esto, debe ser estudiado por toda la Corte y de allí definir un per saltum por avocación, o bien devolver la causa al juez Lorenzini.
Esta decisión se dio por la presentación que hizo un acreedor –Commodities, del Grupo Grassi-, quien denunció que se estaban por cometer graves irregularidades institucionales en el concurso que lleva adelante Lorenzini. El proceso estaba empezando en las instancias definitorias, y hasta la empresa consiguió los avales de la banca privada, a los que les debe cerca de 500 millones de dólares, para que se sume a la propuesta de pago.
Gil Lavedra se hizo cargo de la presentación en tiempos definitorios, un abogado que es una eminencia en el derecho a nivel nacional, y llega justo a dos días de la finalización de las negociaciones con los acreedores, que viene sobre rieles para la empresa y ya habría conseguido el porcentaje necesario para poder cerrar el acuerdo.
El abogado habla de “groseras falsedades” en la presentación que hizo Commodities para solicitar la avocación, puntualizando en que no se generaron nuevas deudas durante el proceso del concurso, se pagaron los sueldos, los impuestos y se sostuvo la actividad cotidiana de la empresa en un 90 por ciento.
“¿Qué fraude puede existir cuando Vicentin está intervenida, co-administrada y con síndicos controlando la legalidad de las operaciones? Ninguno. En cuanto a la venta de acciones a Renova efectuada en 2019, tanto el síndico como el interventor del concurso aceptaron la absoluta regularidad de esta operación”, agregaron.
Commodities denunció en lo penal y en lo civil la posible venta del 33 por ciento de Renova, lo cual generó la detención de uno de los directores de Vicentín por la prohibición vigente de vender activos producto de las decisiones desde la causa penal. Sin embargo, desde la empresa aclararon que es una transacción “sometida a condición de que se homologue el acuerdo y se levanten las medidas cautelares”, y serviría para afrontar el pago de la deuda para la mayoría de los acreedores y poder homologar el acuerdo.
“Resulta evidente la absoluta ausencia del tribunal provincial para avocarse al conocimiento de una casa judicial, mucho menos dentro de un concurso y para ordenar la suspensión de términos, máxime de la manera en la que se hizo por presidencia y sin un traslado previo vulnerando el derecho de defensa y la garantía de juez natural”, abunda Vicentín.
Y cierra: “El decreto no tiene sustento jurisprudencial, especialmente en el propio Tribunal santafesino, que ha tenido una postura contraria a admitir esta clase de planteos”.
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