En medio de la conmoción por el hallazgo de ocho fetos en una clínica de Villa Ballester, el médico que practicó la interrupción legal del embarazo a una niña de 13 años rompió el silencio y dio su versión sobre lo ocurrido. Se trata de Damián Levy, obstetra, ginecólogo y presidente de la Fundación Cigesar, quien aseguró haber actuado dentro del marco legal vigente y con el objetivo de garantizar la salud de la menor.
Según explicó, el caso se originó semanas atrás en Santiago del Estero, donde la fundación realizaba una campaña de salud sexual y reproductiva, Allí tomaron contacto con la madre de la niña, quien denunció que su hija cursaba un embarazo producto de una violación y que no podía acceder al procedimiento en su provincia, pese a estar contemplado por la ley.
“Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto”, sostuvo Levy en declaraciones. El médico detalló que el equipo acompañó a la menor y a su madre en todo el proceso, desde el traslado hasta la intervención, que se realizó en la clínica Santa María, donde la fundación trabaja habitualmente mediante convenio.
El caso se encuentra atravesado por un marco legal específico. La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo permite la práctica hasta la semana 14 inclusive, pero contempla excepciones posteriores en casos de violación o riesgo para la salud. En este contexto, la intervención a la menor —que cursaba un embarazo de ocho meses— se realizó bajo esa excepción.
Tras el procedimiento, la situación tomó relevancia pública cuando, en un allanamiento en la clínica, se encontraron ocho fetos. Según fuentes de la investigación, los restos corresponderían a abortos legales realizados en el establecimiento y habrían sido tratados como residuos patológicos, a la espera de su disposición final por una empresa habilitada.
Levy respaldó esta versión y afirmó que la práctica se llevó a cabo “con un equipo altamente capacitado”, respetando todos los protocolos médicos y legales. “Frente a una situación de extrema vulnerabilidad, acompañamos con atención digna, segura y legal”, agregó.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó una inspección en el lugar y confirmó que los procedimientos eran habituales y que no se detectaron irregularidades en ese aspecto. Sin embargo, la Justicia continúa con la investigación para determinar con precisión a quién pertenece cada uno de los restos encontrados.
Uno de los puntos centrales de la causa es identificar el feto correspondiente a la menor para obtener material genético que permita avanzar en la investigación por abuso. Actualmente, hay dos hombres denunciados que permanecen prófugos.
El caso pone en foco no solo el acceso a la salud reproductiva en contextos de vulnerabilidad, sino también los procedimientos posteriores a estas prácticas y los controles sobre los establecimientos médicos. Mientras tanto, tanto la niña como su madre ya regresaron a Santiago del Estero, y la causa judicial sigue su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables de la violación.
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