Una empleada del Banco Nación de San Pedro fue imputada por el presunto robo de $40 millones, en un caso que ya es investigado por la Justicia federal. Se trata de una mujer de 36 años, identificada como M.C.N., quien se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración del tesoro en la sucursal.
La acusación fue formulada por el fiscal Matías Felipe Di Lollo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, en una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo.
Según la investigación, la maniobra se habría desarrollado en San Pedro mediante retiros irregulares de dinero del tesoro y la realización de pases contables sin respaldo, con el objetivo de ocultar el faltante detectado por la entidad. La Gerencia Zonal del Banco Nación intervino tras advertir inconsistencias y desplegó un control junto a personal especializado de San Nicolás y Pergamino.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el 31 de marzo de 2025, la acusada habría sustraído una suma importante del denominado “tesoro reserva”, ocultándola entre su ropa en una bolsa de nailon antes de retirarse del banco. Posteriormente, se registró un movimiento de $10 millones desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático, lo que forma parte de las maniobras bajo análisis.
La investigación también señala otro episodio ocurrido el 8 de agosto de 2025, cuando la empleada habría retirado fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre”. Ese dinero habría sido utilizado para cancelar deudas personales de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard) por un total de $16 millones. Para encubrir la operación, habría realizado pases virtuales por la misma cifra, intentando equilibrar los registros internos del banco.
El fiscal encuadró los hechos en el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que contempla penas de 2 a 10 años de prisión. En ese marco, el juez interviniente avaló la imputación, dispuso un plazo de 90 días para la investigación penal preparatoria y ordenó el embargo del domicilio de la acusada, junto con su inhibición general de bienes.
El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de la documentación contable y los movimientos financieros vinculados a la causa.
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