La Justicia federal de Rosario amplió este jueves la imputación contra Gianfranco N., un joven acusado de haber desarrollado un sistema de captación y explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales, y además le atribuyó un nuevo delito vinculado a la tenencia de pornografía infantil.
La medida fue impulsada por la fiscal general interina Soledad García y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la ampliación de la imputación incorpora a seis nuevas víctimas, quienes declararon mediante Cámara Gesell. Los hechos fueron calificados como trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de captación y acogimiento, agravada por la cantidad de víctimas, por haber mediado engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad, y por la consumación de la explotación.
La nueva acusación por pornografía infantil
Durante la audiencia, las fiscales también formalizaron una nueva investigación contra el acusado por la presunta tenencia de material de explotación sexual infantil.
De acuerdo con la acusación, Gianfranco N. tenía almacenados en un disco rígido externo un total de 44 archivos digitales con imágenes de menores de 18 años —incluidos menores de 13 años— vinculadas a actividades sexuales explícitas o a representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
El dispositivo fue secuestrado el 27 de junio de 2025 durante un allanamiento realizado en el domicilio del imputado en Rosario por personal del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, en el marco de una orden judicial emitida por el juez Vera Barros.
Por este hecho, la Fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de representaciones sexuales de menores de edad, en calidad de autor.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el acusado habría desarrollado un mecanismo sistemático para captar y explotar sexualmente a mujeres jóvenes mediante entornos digitales.
Según explicaron, el sistema consistía en la producción y comercialización de contenido sexual explícito obtenido a partir de propuestas engañosas y aprovechando la inexperiencia de las víctimas en materia de comercio sexual.
“Desarrolló un esquema de captación y explotación sexual de mujeres jóvenes a través de entornos digitales, cuyo núcleo consistió en la producción y comercialización de material sexual explícito obtenido mediante propuestas engañosas y mediante el aprovechamiento de la inexperiencia de las víctimas, al menos, en materia de comercio sexual”, señalaron las fiscales durante la audiencia.
Además, remarcaron que los supuestos consentimientos obtenidos para filmar y comercializar ese material no pueden ser interpretados como acuerdos celebrados en igualdad de condiciones.
“Los consentimientos obtenidos para filmar y vender las imágenes sexuales de las jóvenes no pueden ser analizados en forma aislada o parcial, como meros acuerdos de voluntades en condiciones de igualdad contractual de personas adultas que simplemente pactan disponer de sus cuerpos”, argumentaron.
En ese sentido, agregaron: “Sostenemos que son el resultado de un dispositivo planificado por N. con permanencia en el tiempo, extensión geográfica y finalidad de lucro a través de la monetización de videos con imágenes sexuales de las víctimas en plataformas de alcance global”.
Prisión preventiva e inhibición de bienes
Tras escuchar los argumentos de la acusación y evaluar la evidencia presentada, el juez Carlos Vera Barros resolvió dar por formalizadas tanto la ampliación de la imputación como la nueva investigación por pornografía infantil.
Además, rechazó un planteo de incompetencia material presentado por la defensa y ordenó la prisión preventiva de Gianfranco N. por 90 días, plazo que comenzó a computarse desde este jueves.
El magistrado también dispuso la inhibición general de bienes del acusado mientras avanza la investigación.
La decisión judicial tuvo en cuenta la gravedad de los delitos investigados, la cantidad de presuntas víctimas —que actualmente asciende a 14 mujeres— y el hallazgo del material de explotación sexual infantil.
Desde el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario informaron que la investigación continúa abierta y que actualmente se trabaja en la recolección de nuevos testimonios.
Los investigadores no descartan que existan más víctimas en otras ciudades o provincias del país vinculadas al presunto esquema de explotación sexual.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición el teléfono 54-9-341-2859127 y la casilla de correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para recibir información y asistir a posibles damnificadas relacionadas con la causa.
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