Desde este martes y hasta fines de mayo, un total de 35 imputados en la causa ANDIS desfilarán por los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la segunda tanda de indagatorias ordenadas por la Justicia. Se trata del primer gran expediente por presunta corrupción que involucra a funcionarios y empresarios durante la actual gestión nacional.
El proceso está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quien lleva adelante la investigación junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La ronda de declaraciones comenzará con Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien fue citado para ampliar su indagatoria. Spagnuolo ya se encuentra procesado, aunque esa decisión está siendo revisada por la Cámara Federal porteña.
Luego será el turno de Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como segundo del organismo. Ambos son señalados como piezas clave dentro de una estructura que, según la acusación, habría operado de manera coordinada para direccionar contrataciones públicas.
Además de ellos, fueron convocados a ampliar sus declaraciones el lobista Miguel Ángel Calvete y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, entre otros. A su vez, la Justicia citó a nuevos sospechosos vinculados a la operatoria investigada, lo que amplía el alcance de la causa.
La hipótesis principal sostiene que los acusados integraron una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la administración pública. Según los fiscales, el esquema se basó en la manipulación de procesos de contratación para la provisión de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y beneficiarios de pensiones no contributivas.
De acuerdo con la investigación, se habrían simulado competencias entre oferentes y direccionado adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas. Esto permitió la obtención de millonarios beneficios económicos, además del pago de coimas a funcionarios a cambio de garantizar la continuidad del circuito.
Entre las maniobras detectadas, se destaca el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, que habría sido utilizado para canalizar compulsas de precios de manera direccionada. A través de este mecanismo, se favoreció a determinadas droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los imputados.
En el rubro de medicamentos, por ejemplo, se realizaron licitaciones con participación restringida de empresas, entre ellas Profarma SA y Génesis SA, que concentraron más del 90% de las adjudicaciones en procesos que superaron los 30 mil millones de pesos. En otros segmentos, como implantes y audífonos, también se detectaron irregularidades en la distribución de contratos.
La maniobra se habría completado con el pago de retornos a funcionarios, quienes facilitaban la adjudicación de contratos y garantizaban rapidez en los pagos. En ese contexto, la Justicia también dispuso la inhibición general de bienes sobre todos los implicados, con el objetivo de preservar activos que podrían ser decomisados.
La causa avanza ahora en una etapa clave, con nuevas indagatorias que podrían definir la situación procesal de los acusados y profundizar la investigación sobre uno de los expedientes más sensibles en materia de corrupción reciente.
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