La discusión sobre Uber y DiDi dejó de ser una discusión sobre una actividad que podría llegar a Rosario. Las plataformas ya forman parte de la movilidad cotidiana de la ciudad y el debate que comienza formalmente en el Concejo Municipal apunta a definir bajo qué condiciones podrán funcionar dentro de la legalidad. Ese cambio de escenario es el punto central de la reforma impulsada por el Ejecutivo y defendida por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck.
La Comisión de Servicios Públicos comenzó este lunes el tratamiento del mensaje enviado por el intendente Pablo Javkin para modificar el régimen vigente de plataformas electrónicas de transporte. La normativa actual, la Ordenanza 10.544, fue sancionada en 2023 y reglamentada en 2024, pero estaba diseñada fundamentalmente para aplicaciones que despachan viajes de taxis y remises habilitados.
El nuevo proyecto busca ampliar ese esquema y permitir que también puedan incorporarse conductores particulares que reciben viajes mediante aplicaciones, con requisitos específicos para vehículos, choferes y empresas.
La lógica que plantea Schmuck: regular lo que ya sucede
Schmuck fue una de las principales impulsoras de la discusión sobre las aplicaciones y recordó que su posición favorable a una regulación se remonta a 2018. En esta nueva etapa, su argumento central es que el municipio no puede construir una política de movilidad ignorando una modalidad que ya está instalada entre los usuarios.
“Legalizar” no significaría, según la concejala, dejar a las plataformas libradas a sus propias reglas. Por el contrario, el objetivo que plantea el oficialismo es utilizar la regulación para establecer quién puede conducir, qué vehículo puede prestar el servicio, qué seguro debe tener y bajo qué condiciones debe operar la aplicación.
El proyecto contempla que los conductores tengan licencia profesional, VTV vigente y un seguro específico para la actividad, además de establecer mecanismos de registro y fiscalización. También excluye el traslado de pasajeros en motocicletas, una diferencia relevante respecto de otras modalidades que funcionan actualmente mediante plataformas.
El argumento de Schmuck apunta así a cambiar el eje de la discusión: desde la prohibición de una actividad existente hacia la capacidad del Estado municipal de registrarla, fiscalizarla y establecer estándares mínimos de seguridad.
Una reforma que también cambia las reglas del taxi
El cambio no se limita a Uber, DiDi y otras aplicaciones. El proyecto también busca modificar las condiciones bajo las cuales competirán taxis, remises y nuevos prestadores vinculados a las plataformas.
Uno de los puntos centrales es el esquema tarifario. Para los viajes solicitados mediante aplicaciones se plantea establecer un piso, pero no un techo, de modo que el valor pueda variar de acuerdo con la oferta y la demanda y con las condiciones que establezca cada plataforma. En paralelo, el municipio continuará fijando la tarifa del taxi que se toma directamente en la calle.
La modificación apunta así a acercar las condiciones regulatorias entre modalidades que hasta ahora funcionaban bajo esquemas diferentes. Para Schmuck, la incorporación de requisitos como carnet profesional, BTV vigente y seguro específico para los conductores de plataformas permitiría avanzar hacia un escenario de mayor igualdad entre quienes prestan el servicio.
Además, el proyecto contempla que los taxis puedan realizar traslado de paquetes y encomiendas, una actividad que hasta ahora estaba restringida al transporte de pasajeros y que el Ejecutivo plantea como una alternativa para ampliar las posibilidades de ingreso de los choferes.
Así, la discusión que empieza en el Concejo no se limita a determinar si Uber y DiDi podrán operar legalmente. También pone en debate cómo se reconfigurará la competencia entre las distintas formas de movilidad y qué reglas deberán cumplir quienes participen de ese nuevo mercado.
El punto más sensible: competir bajo reglas similares
El problema de fondo aparece en la comparación entre dos modelos.
Por un lado, el taxi tiene una estructura histórica de habilitación, licencia, controles, obligaciones y una serie de costos vinculados al servicio público. Por otro, las aplicaciones introducen un modelo mucho más flexible, basado en conductores particulares y contratación digital.
La reforma intenta acercar ambos mundos.
Schmuck sostuvo que durante los últimos años se fueron eliminando distintas cargas para el sector taxista —como desinfección e inspección vehicular— y que la incorporación de requisitos equivalentes para quienes trabajen mediante aplicaciones permitiría reducir las diferencias regulatorias.
Incluso anticipó que el proyecto contempla condonar determinadas multas a taxistas sancionados por trabajar mediante aplicaciones, una medida que busca facilitar el ingreso al nuevo esquema de quienes ya combinan ambas modalidades.
El desafío será determinar si esa equiparación regulatoria alcanza para sostener al taxi como servicio público en un escenario en el que el pasajero puede elegir entre distintas alternativas desde el teléfono.
El debate que abre la tarifa dinámica
La discusión tarifaria probablemente sea uno de los puntos más importantes del tratamiento legislativo.
El proyecto propone un piso, pero elimina la existencia de un techo para los viajes contratados mediante plataformas. Eso significa que el precio podrá responder a la dinámica propia de las aplicaciones y a la relación entre oferta y demanda.
Desde el oficialismo, la herramienta es presentada como una forma de permitir que las plataformas funcionen con una lógica competitiva, mientras se establece un límite para evitar viajes por debajo de un valor considerado mínimo.
Pero allí aparece uno de los interrogantes que deberá resolver el Concejo: ¿cuál es el límite entre una tarifa flexible y una competencia que termine presionando sobre los ingresos de quienes ya prestan el servicio?
Ese debate ya empezó a aparecer en las reuniones de la comisión. Desde sectores vinculados al transporte se plantearon alternativas como establecer un piso tarifario anti-dumping, limitar la variación de precios y controlar las comisiones que las plataformas cobran a los conductores.
Esos planteos no forman parte necesariamente del esquema impulsado por el Ejecutivo, pero muestran que el debate legislativo no estará limitado a votar a favor o en contra de Uber. También deberá definir cuánto mercado se quiere dejar librado a la competencia y cuánto seguirá bajo regulación estatal.
El otro frente: qué pasará con los trabajadores
La discusión incorpora además una dimensión laboral.
El nuevo modelo puede ampliar las posibilidades de generar ingresos para quienes quieran conducir mediante una plataforma, pero también introduce preguntas sobre el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo y la relación entre las empresas tecnológicas y los prestadores.
Desde sectores del taxi ya aparecieron críticas vinculadas con una posible precarización y con la competencia entre trabajadores de distintas modalidades.
La oposición dentro del Concejo también cuestionó la velocidad con la que el oficialismo pretende avanzar y reclamó una discusión más amplia con taxistas, remiseros, cadetes y otros sectores involucrados.
La crítica apunta especialmente a que la reforma no modifica solamente la relación entre pasajeros y aplicaciones: también reordena actividades que históricamente estuvieron separadas, como el transporte de pasajeros y la cadetería.
Un debate que llega después de años de convivencia con la informalidad
Rosario ya cuenta con una normativa para plataformas electrónicas desde 2023. La propia Municipalidad mantiene un registro de aplicaciones habilitadas para trabajar con taxis y remises y establece que esos prestadores deben contar con al menos una plataforma autorizada para el despacho de viajes.
Lo novedoso del mensaje enviado ahora por el Ejecutivo es que la plataforma deja de ser solamente una herramienta tecnológica para conectar a taxis y remises habilitados y pasa a convertirse en una puerta de entrada para un nuevo tipo de prestador.
Ahí está la verdadera dimensión de la reforma.
Durante años, la discusión estuvo planteada en términos de “Uber legal o Uber ilegal”. Ahora el Concejo tiene delante una discusión bastante más amplia: qué sistema de movilidad quiere Rosario para los próximos años y qué lugar ocupará cada modalidad dentro de ese sistema.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento y Schmuck planteó la posibilidad de realizar una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno para avanzar durante esta semana y la próxima.
La discusión recién comienza. Y aunque Uber y DiDi sean los nombres que concentran la atención pública, el resultado puede terminar afectando mucho más que a dos aplicaciones: puede modificar la forma en que se fijan las tarifas, cómo trabajan los conductores, qué obligaciones tendrán las empresas tecnológicas y qué lugar conservarán los taxis y remises dentro del transporte urbano de Rosario.
En otras palabras, la pregunta que deberá responder el Concejo no es solamente si las aplicaciones serán legales. Es qué reglas tendrán que cumplir para serlo y qué nuevas reglas tendrá que aceptar el resto del sistema para competir en ese nuevo escenario.
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