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Batalla de poder en el Senado

Bullrich avanzó sobre Villarruel y frenó el voto remoto

La ministra de Seguridad impulsó una maniobra que dejó sin efecto los pedidos de dos senadores para participar a distancia y volvió a exponer las diferencias dentro del oficialismo en medio del tratamiento de la ley.

Patricia Bullrich en el Congreso

En una jornada atravesada por tensiones políticas y nuevas diferencias entre el Gobierno y la vicepresidenta Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, logró este jueves bloquear el voto a distancia de dos senadores que no pudieron viajar al Congreso. La decisión terminó frustrando el pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuyo voto era considerado determinante para el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La legisladora de Unión por la Patria había solicitado participar de manera remota debido a que cursa un embarazo avanzado que le impide trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires. En una situación similar se encontraba el radical catamarqueño Flavio Fama, quien permanece en recuperación tras una intervención quirúrgica.

Si bien Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, había dado luz verde a ambos pedidos, la habilitación definitiva dependía de la aprobación del cuerpo durante el inicio de la sesión.

La maniobra de Bullrich

Apenas comenzó el debate, Bullrich tomó la palabra y propuso que la discusión sobre las licencias y el voto remoto quedara pendiente hasta ser analizada por la Comisión de Asuntos Institucionales.

La ministra argumentó que, ante la controversia generada en torno al mecanismo de votación no presencial, era necesario debatir previamente un marco reglamentario antes de volver a habilitar ese sistema.

La moción fue sometida a votación a mano alzada y obtuvo un amplio respaldo, incluso con votos de sectores del peronismo, por lo que los pedidos de Fernández Sagasti y Fama quedaron sin efecto.

Protesta por la Ley de Tierras

Un proyecto que ya había sido modificado

La sesión se desarrolló luego de que el oficialismo decidiera retirar del proyecto el capítulo que habilitaba modificaciones en la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Ese apartado había generado una fuerte resistencia tanto dentro del Congreso como fuera del ámbito político. Gobernadores, dirigentes opositores e incluso referentes de la cultura y del deporte cuestionaron la iniciativa, lo que terminó debilitando la posición del Gobierno.

Inicialmente, Bullrich había anunciado cambios en ese punto, elevando el límite de tierras en manos extranjeras del 15% al 25%, pero la falta de respaldo parlamentario obligó finalmente al Ejecutivo a eliminar por completo ese capítulo para evitar que el resto de la ley quedara trabado.

El intento del kirchnerismo por frenar la sesión

Antes de comenzar el tratamiento del proyecto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, intentó que la iniciativa regresara a comisión.

El senador formoseño sostuvo que el dictamen definitivo había sido distribuido pocas horas antes del debate, lo que impedía un análisis serio por parte de los legisladores.

La moción obtuvo 31 votos afirmativos, pero fue rechazada por 38 senadores, por lo que la sesión continuó según lo previsto.

Preocupación en la Casa Rosada

Aunque el Gobierno consiguió mantener en pie el tratamiento del proyecto, en la Casa Rosada reconocen que la eliminación del capítulo sobre la venta de tierras representó un importante costo político.

Fuentes oficiales admiten que varios gobernadores que inicialmente respaldaban la iniciativa terminaron retirando su apoyo ante el rechazo que despertó la propuesta en la opinión pública.

Según trascendió, en el oficialismo consideran que la negociación “se cayó como un castillo de naipes” cuando comenzaron a desmoronarse los respaldos que daban por asegurados.

Pese a ese revés, en Balcarce 50 sostienen que se trató de un episodio excepcional y descartan, por ahora, que marque una tendencia para futuras votaciones. No obstante, reconocen que un nuevo traspié legislativo de estas características podría encender una señal de alarma dentro del Gobierno.

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