Ya había pasado la boda en una iglesia de la zona sur de Rosario, la previa con sesión de fotos en el Hotel de Puerto Norte, la cena y el baile en este elegante salón de Ybarlucea, adonde los novios llegaron en un Porsche y donde cantó Sergio Torres, en un evento que hasta tuvo un Candy Bar a cargo de una integrante de la familia Cantero.
La pareja de tortolitos que se acaba de casar tiene causas pendientes con la justicia federal, la novia inclusive debería estar cumpliendo una prisión domiciliaria. Pero a esta hora nadie piensa en eso. Es la madrugada del sábado 29 de enero de 2022 y está terminando la fiesta. Entre los primeros invitados que salen, una pareja se sube a un Audi blanco con su bebita de un año: ahí están Iván Maximiliano Giménez, su novia Erica Romero y la pequeña Elena, que a pocos metros del lugar son interceptados por una camioneta VW Amarok de la que les disparan al menos 16 veces.
La escena que sigue es dantesca: varios invitados intentan salvar a los baleados, inclusive la novia que mancha su vestido con sangre. Alguien carga en otros autos a Iván y a la bebé, que llegan hasta el Eva Perón de Granadero Baigorria. Piden a gritos que los atiendan, pero ya están sin vida. Erica nunca llegará al hospital. Su cuerpo aparecerá incendiado dentro del auto en el que había sido atacada, pero no enfrente de la fiesta sino en un camino rural, a un kilómetro de la boda.
Aquel triple crimen de enero fue el inicio del que viene siendo el año más violento de la historia del sur santafesino, con 229 homicidios hasta ahora en el Departamento Rosario. Un hecho que además iba a marcar parte de lo que pasó después en materia de homicidios, con la muerte de una bebé de pocos meses por los disparos a sus padres. En 2022, a diferencia de lo que pasó durante la última década y los ajustes de cuenta entre bandas narco, entre las víctimas suele haber niños.
Por el hecho hasta ahora no hay acusados, aunque sí existe una investigación en curso con participación inclusive de la justicia federal. En las primeras horas tras el triple crimen, a la causa la tuvo el fiscal Gastón Avila, que decidió dejar en libertad por falta de mérito a uno de los invitados al casamiento que se había entregado tras las boda: era quien manejó unos metros el Audi blanco después del ataque.
El testimonio de aquel joven de 19 años que se presentó por su cuenta a la justicia provincial, tuvo detalles cinematográficos. Dijo que había querido salvar a Erika cuando vio el auto baleado en la puerta de la fiesta, también contó que otras personas ya habían retirado del vehículo a Giménez y la bebé para llevarlos a un hospital. Entonces él decidió subir al Audi TT para llevar a la mujer a atenderse, pero se había equivocado el camino hacia el Eva Perón de Granadero Baigorria. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando se “asustó”. Se vio en un camino rural, con su copiloto ya muerta y los vidrios rotos del auto que manejaba, por lo que decidió bajarse e incendiarlo, con la víctima adentro a la que segundos antes quería salvar. “Raaaaro”, diría un conductor televisivo de moda.
Pinky y Brisa, la pareja invisible
¿Dónde están los protagonistas del casamiento? Hoy nadie lo sabe. Esteban “Pinky” Rocha y Brisa Leguizamón desaparecieron junto a sus dos pequeños hijos, después de haber estado en todos los canales de televisión y portales del país durante unas semanas.
Nueve meses después, en los Tribunales Federales de Rosario se lleva adelante un juicio por narcotráfico contra la organización que ambos integraban, como líneas medias. Es la banda de Olga “Tata” Medina, vinculada al narcomenudeo en La Florida, La Cerámica y Parque Casas, en la zona norte y noroeste de Rosario. Un grupo que tendría acordada esas zonas de venta con Los Monos y de allí la presencia del entorno de los Cantero en la fiesta.
Insólitamente, “Pinky” y Brisa faltan en el juicio. Deberían estar detenidos y siguiendo las alternativas de la acusación en su contra, pero hicieron la gran Houdini y siguen prófugos desde aquella madrugada. ¿Cómo hacen para permanecer ocultos a los ojos de la justicia? Es una pregunta por ahora sin respuesta. RedBoing trasladó la inquietud a su abogado, Martín Frassi: “Perdí contacto hace tiempo con ellos”, contestó el letrado, que en enero había dado varias notas periodísticas tras el triple asesinato. En aquel momento, solicitaba para sus defendidos que se le reestablezca la prisión domiciliaria a Brisa, la novia, que había violado el permiso otorgado por la justicia para quedarse en su casa al cuidado de sus hijas, yendo a su propio casamiento en el elegante salón de Ybarlucea. El pedido se denegó y ambos siguen con pedido de captura.
Alegatos en el el juicio por drogas
El juicio del que deberían ser parte “Pinky” y Brisa se viene llevando adelante en Rosario. Es la acusación contra la banda de Olga “La Tata” Medina, que comanda la venta de drogas en la zona noroeste de Rosario hace un par de décadas. Entre las evidencias que presentó el fiscal federal Federico Reynares Solari, hay escuchas que alcanzaron a los protagonistas de la boda narco como parte de los integrantes de la organización.
Por esa investigación de la justicia federal, Brisa Leguizamón tenía prisión con tobillera en una humilde casa de Rueda al 200 bis cuando fue su casamiento, por estar a cargo de sus dos hijos. A raíz de que no había solicitado permiso al juzgado para ir hasta la iglesia y luego a la fiesta en Ybarlucea, cuando se supo del triple crimen el fiscal federal Claudio Kishimoto y la Procuraduría de Narcocriminalidad le revocaron el beneficio de la domiciliaria.
Su novio “Pinky” estaba involucrado en la misma causa judicial, pero había sido excarcelado por la Cámara de Casación. Al día siguiente de la boda fue convocado a dar explicaciones. Y como no asistió a la cita, se lo declaró en rebeldía y se ordenó su detención. Nunca más aparecieron ninguno de los dos.
“Pinky”, el novio prófugo, estaba registrado en AFIP como gasista, cobraba en 2021 la Asignación Universal y aparecía como empleado de una firma que fabrica engranajes. Su mujer también era beneficiaria de una AUH y del plan Progresar. Hasta el día de su fastuosa boda, nunca había figurado en sus 24 años registrada con algún empleo en blanco.
Según contó al fiscal Avila poco después de la fiesta cuando declaró por los trágicos hechos, manchó su vestido con sangre ayudando a las víctimas en la puerta del salón. Y después de brindar esa declaración, se hizo invisible.
En el inicio de su alegato, hace pocas semanas, el fiscal federal Reynares Solari nombró a “Pinky” y Brisa, que no estaban allí: “Quiero señalar qué estamos juzgando en esta causa, más allá de la imputación en sí misma. No sólo estamos juzgando el hecho que se presentó cuando se hizo la elevación a juicio”, dijo el fiscal federal ante el Tribunal. Se trata de una causa que lleva varios años, con detenciones en abril de 2019 que celebró ese día Patricia Bullrich, en ese momento a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Reynares Solari amplió, en su alegato: “No podemos dejar de señalar que a principios de este año ocurrió un hecho respecto a personas acusadas aquí, que le dio desde el punto de vista pública a esta causa una espesura que antes no tenía. No tenemos que dejarnos llevar por todo lo que pasó después, porque nosotros juzgamos hechos. Pero claro, hacia estas dos personas hay una conducta reprochable que plantea un desafío al sistema. Que estén hoy sustraídas de la justicia, que hayan protagonizado una boda que no estaba permitida, pone en tela de juicio nuestra labor. Porque Rocha juntó la plata que juntó para hacer esa fiesta y el sistema no se dio cuenta. Aunque eso no lo tenemos que dirimir acá, sino en otra instancia”.
Enseguida, el fiscal cuestionó la falta de eficacia del sistema penal por la desaparición de “Pinky” y Brisa, pero también porque al momento de allanar en 2019 sólo le hayan encontrado 200 gramos de cocaína a la banda de Olga “Tata” Medina, que integraban los tortolitos prófugos y hoy enfrenta un juicio que se tramita con tiempos “tántricos”.
El atacado del Audi TT: de vender para Alvarado a protegerse con Los Monos
Lo que pudo reconstruir la investigación posterior fue que Maxi Giménez era el blanco de los tiros en la puerta del casamiento, con su novia y su bebé como víctimas colaterales. Había vendido droga para Alvarado con el seudónimo de “Maxi Rey” y la hipótesis más firme del crimen es que le facturaron con la balacera un hecho que había protagonizado unos meses antes, en octubre de 2021.
Esa vez, Giménez había sido marcado como el responsable de la pérdida de un cargamento de 200 kilos de marihuana que debía buscar en el Paraná, tirados desde una barcaza. Una parte de la droga fue reportada por Prefectura, pero al resto la “mejicaneó”. Y desde allí, “Maxi” Rey había cortado lazos con su proveedor, Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo, sindicado como “mayorista” de Esteban Alvarado y vinculado con el poderoso Clan Loza.
Para buscar protección, Giménez se había refugiado en el bando contrario y por eso estaba en el casamiento, en la que había gente de Los Monos. Hasta que lo encontraron, en la madrugada trágica de enero.
La detención de “Calavera” Pelozo
Por la densidad que parecía tener la causa desde el principio, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal y la fiscal regional interina del MPA de Rosario, María Eugenia Iribarren, firmaron sendas resoluciones habilitando la creación de un equipo de trabajo para investigar el triple homicidio como un caso de criminalidad compleja.
Así, se conformó un amplio equipo de investigación con la participación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos del MPA. A nivel de la justicia federal, se sumaron los fiscales Adrian Saccone y Arzubi Calvo, más la Procuradoría de Nacrocriminalidad con la presencia de Diego Iglesias y Matías Scilabra. También el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba. Desde allí, empezaron a cruzar información y planearon pesquisas, que empezaron a mostrar resultados rápidamente. Si bien todavía no se logró determinar quienes fueron los autores materiales del ataque, se pudo detener a personas vinculadas con la investigación de importante presencia en el mundo narco y se realizaron varios allanamientos.
El 8 de marzo, en operativo con actuación de la Policía de Seguridad Aeroporturia, se dio con el citado Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza. “Calavera” era uno de las personas nombradas oportunamente por Carlos Argüelles, el mecánico que fue socio de Alvarado que brindó a la justicia un detalle de cómo funcionaba la organización narco y que después fue asesinado.
Según había revelado Argüelles en sus famosos cuadernos, Pelozo era mayorista del “Esteban” y tenía su base en Ybarlucea. Entre otras cosas que dijo de “Calavera”, el mecánico contó que había sido uno de los responsables de la muerte de Nahuel Fernández, desaparecido desde el 26 de agosto de 2018. En el testimonio que brindó a la justicia el ex socio de Alvarado, denunció que aquel joven fue torturado en la casa de Pelozo y luego enterrado.
La justicia tiene evidencias de que el clan Loza se dedica a realizar el transporte de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina. Y que Pelozo cobraba por el servicio de “taxi” una comisión de aproximadamente 300 mil dólares por cada viaje. En la localidad cordobesa de Monte Maíz, donde también se allanó en marzo, estaban las pistas clandestinas de aterrizaje. A la misma organización se le encontró en 2020 en Ybarlucea un cargamento de 389 kilos de cocaína.
El misterio de las ocho toneladas de maní
Por último, un dato al que pudo acceder RedBoing que podría vincular la boda narco y los sospechados del triple crimen con la cocaína que salió desde el puerto de Rosario hacia Brasil y Europa. Aquellos embarques ilegales, cabe recordar, vulneraron controles locales y llegaron a las terminales portuarias de Santos y de Rotterdam escondidos en containers de maní cordobés.
Como además se habían usado envoltorios con la marca Louis Vuitton, se presume que quienes organizaron estos envíos tenían relación con la tonelada y media de droga lista para exportar que se encontró en un depósito de Empalme Graneros, a fines de agosto. A diferencia de los envíos que ya habían pasado por el puerto, la cocaína colombiana que detectó esa madrugada el operativo de la Policía Federal coordinado con la DEA norteamericana estaba disimulada en bolsones de pellets, comida para animales.
El mes pasado, en el marco de la investigación que lleva adelante el equipo de la PROCUNAR con los fiscales Edery y Schiappa Pietra llegó hasta la localidad santafesina de Correa, a 59 kilómteos de Rosario, para allanar un galpón en zona rural que había alquilado “Calavera” Pelozo. ¿Y qué había allí? Ocho toneladas de maní. En las próximas semanas, podría haber novedades importantes con este hallazgo.
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