El Gobierno de Santa Fe comenzó a ejecutar el cobro de los costos de operativos por amenazas a escuelas y este lunes concretó la primera notificación a un padre, quien deberá abonar 6.024.944 pesos como responsable solidario por el accionar de su hijo menor de edad. La medida forma parte de una política para recuperar gastos públicos derivados de intervenciones policiales ante falsas alertas.
El procedimiento fue confirmado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor identificado como autor de una de las amenazas. Durante la entrega del documento, el hombre reaccionó de forma espontánea: “Cara la jodita”.
La intimación establece un plazo de cinco días para abonar el monto. En caso de incumplimiento, el expediente será remitido a la Fiscalía de Estado, que podrá avanzar con medidas como embargos o inhibiciones de bienes.
El ministro explicó que ya fueron identificados responsables en 58 hechos, lo que involucra a más de 70 personas, entre autores directos y adultos responsables. En algunos casos, hay más de un implicado por episodio.
“Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos”, señaló Cococcioni.
Además, anticipó que el proceso continuará en los próximos días: “A medida que la Fiscalía valida las identidades de los autores de las amenazas, se identificará a los responsables y se irán cursando las intimaciones”.
Según estimaciones oficiales, el monto total que la Provincia busca recuperar por estos hechos ya supera los 250 millones de pesos, cifra que podría seguir creciendo a medida que se identifiquen nuevos responsables.
“Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, explicó el funcionario.
Desde el Gobierno aclararon que estas intimaciones no constituyen sanciones penales, sino reclamos civiles por el daño económico generado al Estado. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial”, remarcó Cococcioni.
Esto implica que el Estado puede avanzar judicialmente para cobrar el dinero, incluso mediante medidas sobre los ingresos o bienes de los responsables.
El monto de cada intimación surge del cálculo detallado de los recursos utilizados en cada intervención: movilización policial, combustible, vehículos, brigadas especializadas —como explosivos— y horas de servicio.
En ese sentido, el ministro fue contundente: “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”.
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