La Cámara Federal de Casación Penal anuló este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que lo investigaba por presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado, y ordenó que se revise su situación judicial.
La decisión fue tomada por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con el voto en disidencia de Gustavo Hornos, quien se manifestó a favor de mantener el procesamiento. El fallo responde al recurso presentado por la defensa del exmandatario y deja sin efecto, por el momento, la acusación por “negociaciones incompatibles con la función pública”, que incluía un embargo millonario.
Según resolvió el tribunal, la Cámara Federal deberá ahora dictar un nuevo pronunciamiento, revisando el fallo previo que había confirmado el procesamiento de Fernández.
Uno de los puntos centrales de la decisión fue la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no había elementos suficientes para procesar al expresidente.
En ese marco, los jueces Borinsky y Carbajo coincidieron en que, al no existir impulso fiscal en la instancia anterior, la imputación no podía sostenerse. “No hay juez sin acusador”, argumentaron, al remarcar que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
Borinsky sostuvo además que el fallo previo se había dictado “sin una base acusatoria suficiente”, lo que implicó una violación del principio acusatorio. En la misma línea, Carbajo consideró que la resolución anterior fue tomada “en exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”.
El juez Gustavo Hornos, en minoría, votó en contra de la anulación y defendió la continuidad del procesamiento. Argumentó que la resolución no constituía una sentencia definitiva y que la defensa no había demostrado un perjuicio irreparable.
Además, sostuvo que el dictamen del fiscal ante Casación, Raúl Pleé, quien había pedido confirmar el procesamiento, justificaba avanzar con la investigación por posibles delitos de corrupción. En su análisis, describió el expediente como un “esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales”, con comisiones superiores a las del mercado y un posible perjuicio económico para el Estado.
La causa analiza si, a partir del Decreto 823/2021, el Gobierno nacional centralizó la contratación de seguros en Nación Seguros S.A., habilitando la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones más altas que las habituales.
En ese contexto, Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo de $14.634.220.283,68 y la prohibición de salida del país.
El expediente también involucra a otros imputados, entre ellos Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A., aunque la anulación del procesamiento del expresidente no los desvincula automáticamente de la causa.
A partir de esta resolución, la Cámara Federal deberá revisar nuevamente el caso y definir la situación procesal de Fernández. Además, el fallo podría tener impacto en el resto de los acusados.
En ese sentido, Borinsky advirtió que el tribunal deberá “examinar el alcance que corresponda asignar a lo aquí resuelto respecto de los adherentes”, teniendo en cuenta las particularidades de cada imputado, su situación procesal y el grado de vinculación con la causa.
Comentarios