El fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, debe definir en las próximas horas si apela o solicita la nulidad del fallo que rechazó el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La decisión marcará el rumbo inmediato de una investigación que pone bajo la lupa millonarias transferencias desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia empresas vinculadas al tesorero de la entidad.
El planteo había sido desestimado por el juez Sebastián Argibay, quien luego fue apartado del expediente. Según trascendió, el fiscal analiza ambas alternativas y presentaría su resolución este viernes, en un caso que ya escaló a instancias superiores.
En su resolución, el magistrado cuestionó la consistencia del pedido fiscal al sostener que “no presenta un hecho penalmente delimitado”, sino “una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios”, lo que consideró insuficiente para avanzar en esta etapa del proceso. Además, remarcó la falta de actos concretos que permitan individualizar las maniobras investigadas.
Sin embargo, Simón sostiene lo contrario. En su dictamen, afirmó haber reunido pruebas que acreditan transferencias por casi $5000 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas a Toviggino, en operaciones que, según la hipótesis judicial, se habrían realizado “por servicios que no se habrían prestado”.
La causa investiga un total de $4.961.280.195 transferidos entre 2022 y 2025 a empresas como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Parte de esos fondos —más de $3633 millones— se canalizaron a través del Banco Coinag, mientras que otros $1328 millones se movieron por el Banco Santiago del Estero.
Desde el Banco Coinag confirmaron que las firmas tenían cuentas en la entidad, aunque aclararon que los fondos provenían del Banco Credicoop y que todas las cuentas fueron cerradas a fines de 2025, tras la activación de mecanismos de control. Según indicaron, la operatoria se realizó de forma correcta.
Plazos fijos, ganancias y movimientos financieros
Uno de los puntos clave de la investigación es el destino del dinero. Según el expediente, parte de los fondos fue invertida en instrumentos financieros para generar rendimientos. Un caso relevante es el de Servicios Lindor, que constituyó plazos fijos por $2.813.000.000 y US$ 2.136.022, generando ganancias por $613 millones y US$ 43.000.
También se detectaron maniobras similares en Servicios Neurus, que en 2025 realizó colocaciones por $2720 millones y US$ 2 millones, lo que refuerza la hipótesis de un posible circuito de movimientos financieros irregulares.
La Justicia también investiga facturas bajo sospecha, como una emitida por Servicios Lindor por “vuelos internacionales” por US$ 369.000, y otras de SOMA SRL por servicios aéreos superiores a $230 millones. Además, se detectaron inconsistencias estructurales en algunas sociedades, como la falta de empleados o incrementos patrimoniales abruptos, lo que alimenta las sospechas sobre su funcionamiento.
Otra línea de investigación apunta al destino final de los fondos, que habrían sido utilizados para la compra de bienes, incluyendo vehículos hallados en una mansión en Pilar vinculada al entorno de Toviggino. El expediente también analiza conexiones societarias, cambios de directorio y vínculos entre empresas, en una trama que se extiende a distintas actividades económicas en Santiago del Estero.
El juez Argibay fue apartado tras un planteo del fiscal por un posible conflicto de intereses, ya que su hija había realizado una operación inmobiliaria con el hermano de Toviggino. La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la recusación y ordenó que otro magistrado tome la causa.
Ahora, la decisión de Simón será determinante. Si opta por apelar, el caso pasará a la Cámara de Casación de Tucumán. Si solicita la nulidad, se abrirá una nueva discusión sobre la validez de la resolución que rechazó las detenciones.
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