La fiscalía general de Colombia llamó el martes a juicio al ex presidente Álvaro Uribe en un caso de manipulación a testigos y fraude procesal, luego que presentó una acusación escrita ante la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de la más reciente decisión en un largo proceso judicial profundamente polarizado, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden un proceso justo.
Previamente la justicia había rechazado dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en el 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a ex integrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia, que investiga los asuntos penales que involucran a legisladores, dijo que Cepeda recopiló información como parte de su trabajo y que no pagó ni presionó a ex paramilitares. En cambio, el tribunal aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
“El investigado y su defensa (…) tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”, dijo un comunicado de la fiscalía.
Uribe, quien por primera vez comparecerá ante un juez en calidad de acusado, continuará en libertad, reveló la fiscalía al precisar que se incorporaron nuevas pruebas al proceso que podría terminar con una pena de prisión de hasta doce años, según abogados.
El ex presidente, un político muy popular que se declaró inocente de las acusaciones, impulsó durante su Gobierno una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista como parte del
conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y es un dirigente visible del partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno de Gustavo Petro.
“Confiamos en las instituciones democráticas y hacemos un llamado para que al expresidente Uribe se le respete el debido proceso en el marco de la ley y la Constitución”, dijo en un comunicado el Centro Democrático.
Uribe, de 71 años, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en el 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía, con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías.
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