La causa Vialidad volvió a sacudir el escenario político y judicial argentino. El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 el decomiso del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario tras la condena firme por administración fraudulenta.
El pedido forma parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial dentro de la causa Vialidad, expediente en el que la Justicia determinó un perjuicio al Estado superior a los 685 mil millones de pesos. La fiscalía busca avanzar sobre bienes que se consideran que están vinculados al entramado investigado para intentar recuperar parte de ese dinero.
Según información que se filtró, el inmueble donde vive actualmente la exmandataria no era parte del listado original de propiedades que serían embargadas. Sin embargo, en estos días Luciani pidió que sea incorporado al proceso de decomiso junto a otros bienes atribuidos a la familia Kirchner y a sociedades relacionadas con el caso.
La presentación judicial también incluyó nuevas propiedades, vehículos y cajas de seguridad con dinero en dólares. Entre ellas aparecen activos vinculados a las firmas Hotesur y Los Sauces, además de fondos que estarían a nombre de Florencia Kirchner.
De avanzar el planteo del Ministerio Público Fiscal, Cristina Fernández de Kirchner podría verse obligada a abandonar el departamento donde actualmente cumple la condena domiciliaria y fijar una nueva residencia autorizada por la Justicia. El inmueble se convirtió en los últimos meses en un punto de concentración para militantes kirchneristas, ya que desde allí la expresidenta suele saludar desde el balcón a todos los que se acerquen a mostrarle apoyo.
La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, con foco en contratos otorgados al empresario Lázaro Báez. En 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La sentencia quedó firme luego de las revisiones judiciales posteriores.
El pedido de decomiso reabre además el debate político alrededor del alcance de las condenas patrimoniales en causas de corrupción. Mientras desde sectores cercanos al kirchnerismo denuncian persecución judicial y una avanzada contra la exvicepresidenta, la fiscalía sostiene que el objetivo es garantizar la recuperación de activos vinculados al daño económico establecido en la sentencia.
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