A casi siete años del crimen que conmocionó a Santa Fe, la Justicia condenó a los propietarios de los perros que atacaron y mataron a Diego Román, el niño de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en julio de 2019 en una zona rural de Recreo.
El juez Pablo Busaniche encontró culpables a Iván Mercado Reyes y a su pareja, Norma Elena Vega, por el delito de homicidio culposo, al considerar que ambos conocían la peligrosidad de los animales y no adoptaron las medidas necesarias para evitar nuevos ataques.
Como resultado del fallo, Reyes fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Vega recibió una pena de tres años de prisión condicional. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio oral y público llevado adelante en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria representaron al Ministerio Público de la Acusación.
Un ataque que terminó en tragedia
Según la investigación judicial, Diego Román fue atacado por una jauría entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de julio de 2019 en un predio rural ubicado en Recreo. El nene había desaparecido horas antes y su muerte generó una profunda conmoción social en toda la provincia.
Durante el debate oral, los fiscales sostuvieron que los acusados sabían que los perros ya habían protagonizado episodios de agresión contra otras personas y que, pese a ello, no implementaron medidas de seguridad adecuadas.
La jauría estaba integrada por perros de distintas razas, entre ellos un rottweiler, considerado potencialmente peligroso por la normativa municipal vigente, que establece obligaciones especiales para sus propietarios.
Falta de controles y medidas de seguridad
De acuerdo con la acusación, los condenados no contaban con cerramientos adecuados para mantener a los animales bajo control y tampoco utilizaban bozales, correas, cadenas ni otros elementos destinados a prevenir ataques a terceros.
Los fiscales indicaron que durante el juicio quedó acreditado, a través de testimonios y pruebas incorporadas al expediente, que los propietarios eran plenamente conscientes del riesgo que representaban los perros.
Sumado a esto, señalaron que ambos sabían que en el momento del hecho había un menor desaparecido en las inmediaciones del predio donde se encontraba la jauría suelta. “Se pudo demostrar que conocían el carácter potencialmente peligroso de los animales y estaban al tanto de que había un niño perdido en la zona”, explicaron los representantes del MPA.
Posible apelación
Si bien la condena fue por homicidio culposo, la Fiscalía había solicitado penas más severas al considerar que el caso encuadraba en la figura de homicidio con dolo eventual, es decir, entendiendo que los acusados asumieron conscientemente el riesgo de que ocurriera un desenlace fatal.
Tras la lectura del veredicto, Marchi y Gioria recordaron que existen antecedentes judiciales similares en los que los dueños de animales fueron condenados bajo esa calificación más grave. Por ese motivo, adelantaron que aguardarán los fundamentos completos de la sentencia para analizar una eventual apelación.
El caso de Diego Román se convirtió en uno de los hechos más impactantes de los últimos años en Santa Fe y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales potencialmente peligrosos y los controles necesarios para evitar tragedias similares.
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