Una nueva denuncia penal puso bajo la lupa a siete empresas pesqueras internacionales que operan en el Atlántico Sur con autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas. La presentación sostiene que las compañías explotan recursos pesqueros que Argentina considera dentro de su jurisdicción sin contar con permisos emitidos por el Estado nacional.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano, y quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway.
Entre las firmas mencionadas aparecen Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña, en su mayoría vinculadas con compañías de origen español y con sociedades mixtas constituidas en las islas. La presentación identifica además a distintos buques que operarían bajo esas estructuras empresariales.
El planteo judicial
Los denunciantes sostienen que las operaciones podrían configurar contrabando, al considerar que las empresas extraen recursos de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva argentina y luego los comercializan sin pasar por los controles correspondientes de las autoridades nacionales.
Según el planteo, las capturas pueden ser trasladadas mediante descargas en Puerto Argentino, transbordos en alta mar o envíos hacia terceros países, sin someterse al control aduanero argentino. La denuncia también cuestiona que las compañías utilicen licencias emitidas por las autoridades de las islas como respaldo para desarrollar esas actividades.
El argumento de los abogados es que esos permisos no pueden reemplazar las autorizaciones argentinas y que el esquema permitiría evitar controles aduaneros, derechos de exportación y otras obligaciones previstas por la legislación nacional. La presentación también solicita investigar si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por una falta de control sobre esas operaciones.
La pesca, en la mira del nuevo régimen de sanciones
La denuncia judicial se produce mientras el Gobierno de Javier Milei analiza ampliar el alcance de la legislación vinculada con la defensa de la soberanía sobre Malvinas.
El Ejecutivo prepara un proyecto que enviará al Congreso para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago. Hasta ahora, la discusión estuvo concentrada especialmente en la actividad hidrocarburífera, pero la pesca aparece entre los sectores que el Gobierno estudia incorporar expresamente al nuevo esquema.
El Gobierno quiere sumar la pesca a las sanciones por Malvinas: por qué es clave
La eventual inclusión de la actividad pesquera implicaría ampliar el universo de compañías que podrían quedar alcanzadas por restricciones y sanciones argentinas cuando desarrollen operaciones bajo autorizaciones británicas en las islas.
El movimiento forma parte de una escalada de medidas del Gobierno sobre las actividades económicas vinculadas con Malvinas, que ya incluyó acciones contra empresas relacionadas con proyectos petroleros. Ahora, la pesca se suma como otro de los frentes sobre los que la Casa Rosada busca reforzar las herramientas legales para impedir que empresas exploten recursos naturales en áreas cuya soberanía Argentina reclama.
En ese contexto, la denuncia contra las siete pesqueras agrega una dimensión judicial a una discusión que el Gobierno busca llevar también al terreno legislativo: qué empresas pueden operar en el Atlántico Sur bajo licencias británicas y qué consecuencias deberían enfrentar en Argentina por hacerlo.
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