
El Gobierno de Santa Fe derribó este miércoles un nuevo búnker de venta de drogas en Rosario. El procedimiento se realizó en una construcción precaria ubicada en Lamadrid al 1600, cerca del Centro de Salud 20 de Junio, y se convirtió en el punto de venta número 84 inactivado en la ciudad desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
La intervención fue realizada junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y forma parte de las acciones desarrolladas desde principios de 2024 para desarticular lugares utilizados para la comercialización de estupefacientes y vinculados a hechos de violencia.
Según informó el Gobierno provincial, con este operativo ya son 143 los puntos de venta de drogas intervenidos en toda Santa Fe durante la actual gestión provincial.
Cómo comenzó la investigación
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 28 de agosto por vecinos, quienes alertaron sobre una construcción clandestina ubicada en inmediaciones del centro asistencial. Según la denuncia, en el lugar se comercializaban drogas y presuntamente trabajaban menores de edad.
A partir de las tareas de constatación, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia.
Durante el procedimiento, la Policía de Santa Fe secuestró más de 250 dosis de cocaína fraccionadas para la venta y más de $100.000 en efectivo.
En el lugar fueron identificadas tres personas: un adulto y dos menores de edad. De acuerdo con lo informado por el fiscal Franco Tassini, los tres habían sido mencionados previamente en otras investigaciones y en hechos de violencia altamente lesiva.
Los involucrados fueron imputados por comercio de estupefacientes y quedaron detenidos con prisión preventiva.
Un búnker cerca de un centro de salud
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que uno de los objetivos de la Ley de Microtráfico es intervenir puntos de venta ubicados en zonas donde generan situaciones de violencia.
En este caso, remarcó que la construcción estaba ubicada cerca de un centro de salud, escuelas y viviendas.
Pereira sostuvo que el seguimiento de los indicadores permite observar una reducción de los niveles de violencia en los lugares donde se realizan este tipo de intervenciones.
Por su parte, Tassini aclaró que el inmueble no era una vivienda, sino “una instalación totalmente precaria” cuyo objetivo era el comercio de estupefacientes.
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