El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres utilizados para la venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.
Los inmuebles intervenidos estaban ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas demoliciones, la ciudad suma seis puntos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, ya son 122 los inmuebles inactivados desde la sanción de la norma aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Los operativos forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, fuerzas provinciales y federales, y gobiernos locales, con el objetivo de desarticular puntos de venta de estupefacientes y espacios vinculados a hechos de violencia altamente lesiva.
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó el avance de la implementación de la Ley de Microtráfico y remarcó el trabajo conjunto entre investigadores y fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.
Investigación y allanamientos
La fiscal Brenda Debiasi explicó que la investigación comenzó hace aproximadamente 45 días, a partir de denuncias de vecinos sobre maniobras vinculadas al narcomenudeo en la zona de Monteflores y Pueyrredón.
Según detalló, las tareas investigativas permitieron identificar a las personas involucradas y detectar un segundo punto de venta en calle Santiago del Estero. En ese marco, se realizaron cerca de diez allanamientos simultáneos en distintos sectores de Villa Gobernador Gálvez, donde se secuestró droga fraccionada para la venta. Además, fueron detenidos un adulto y un menor de edad que, de acuerdo con la investigación, cumplía funciones de “soldadito”.
Respecto al inmueble demolido, Debiasi indicó que pertenecía a una persona fallecida y que no existían denuncias por usurpación ni reclamos sobre la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, sostuvo.
Finalmente, la fiscal explicó que el derribo fue solicitado debido a que el lugar “estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes” y remarcó que la medida buscó “lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”.
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