La provincia de Santa Fe concretó este lunes un nuevo derribo de un punto de venta de drogas en Rosario y alcanzó un total de 78 búnkers inactivados en la ciudad desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Benteveo 790, en barrio Gráfico, y fue supervisado por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Con esta intervención, ya son 88 los búnkers derribados en el departamento Rosario y 133 en toda la provincia, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023 para combatir los puntos de venta de estupefacientes y los inmuebles vinculados a hechos de violencia.
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, destacó que el inmueble no solo funcionaba como un lugar relacionado con el narcomenudeo, sino que también era utilizado como un “aguantadero”, donde se concentraban distintas actividades delictivas que afectaban a los vecinos del sector.
“Este es el búnker número 78 derribado en Rosario y el 133 en toda la provincia. Se trataba de un lugar que reunía las características previstas por la Ley de Microtráfico, donde además de la venta de drogas se generaban situaciones de violencia y extorsión que representaban una problemática compleja para el barrio”, señaló el funcionario.
Pereira remarcó además que barrio Gráfico ya fue escenario de otras intervenciones similares, como parte de una estrategia para recuperar zonas afectadas por el delito y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes.
Una investigación que permitió detectar una estructura delictiva
La fiscal Mercedes Banchio, integrante del equipo de Microtráfico del MPA, explicó que este procedimiento fue el quinto derribo realizado en barrio Gráfico como resultado de una investigación prolongada.
Según indicó, durante la pesquisa se comprobó que en el inmueble no solo se comercializaban estupefacientes, sino que también funcionaba como un espacio vinculado a hechos de violencia altamente lesiva y maniobras de extorsión.
Durante los allanamientos, los investigadores encontraron cocaína fraccionada para su comercialización en una construcción precaria utilizada como punto de venta.
Banchio destacó que la investigación pudo avanzar gracias a la colaboración de los vecinos, mediante denuncias realizadas al 0800 del Ministerio Público de la Acusación, llamados al 911 y testimonios protegidos por la reserva de identidad que contempla la Ley de Microtráfico.
A ello se sumó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en los primeros procedimientos, lo que permitió identificar a nuevas personas involucradas, reconstruir la organización del grupo y establecer los distintos roles que cumplían sus integrantes.
Como resultado de la causa, varias personas fueron detenidas y permanecen con prisión preventiva. Algunas esperan la audiencia preliminar, mientras que otras ya se encaminan hacia el juicio oral.
La Ley de Microtráfico
La Ley de Microtráfico fue aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro al inicio de su gestión.
La normativa permite avanzar en la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a organizaciones que generan violencia en los barrios, mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y los gobiernos locales.
Desde su implementación, la provincia sostiene una política de derribo de estos espacios con el objetivo de impedir que vuelvan a ser utilizados para actividades vinculadas al narcotráfico y otros delitos, además de recuperar sectores que durante años estuvieron dominados por organizaciones criminales.
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