El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación económica al derogar 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y distintos programas de consumo. La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, y forma parte de la estrategia oficial para simplificar el entramado normativo vigente.
Según se informó, la iniciativa busca brindar mayor claridad al marco legal, facilitar la interpretación de las normas y reducir la incertidumbre jurídica generada por la acumulación de regulaciones que, según el Ejecutivo, habían perdido vigencia o sustento legal tras distintas reformas impulsadas en los últimos años.
La decisión se complementa con el avance legislativo de la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que propone derogar o modificar más de 70 leyes con el objetivo de reducir la burocracia estatal y eliminar regulaciones consideradas innecesarias.
Qué normas fueron eliminadas
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, muchas de las disposiciones derogadas habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que ya no existen o fueron modificados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la normativa que creó el Observatorio de Precios.
Entre las principales derogaciones figuran:
- 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
- 30 regulaciones relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple.
- Cuatro disposiciones que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente los aumentos de cuotas.
- Una normativa complementaria del programa Precios Cuidados.
- Una disposición vinculada a mecanismos de atención para adolescentes consumidores.
También quedaron sin efecto resoluciones relacionadas con controles de precios, requisitos de información para la comercialización de bienes, autorizaciones para importaciones y programas de incentivo al consumo.
Desde el Gobierno argumentaron que la proliferación normativa provocó superposición de reglas, desactualización de procedimientos y dificultades para determinar qué disposiciones continuaban vigentes.
El avance de la Ley Hojarasca
La medida se produce en paralelo al tratamiento parlamentario de la Ley Hojarasca, un proyecto que ya obtuvo media sanción y que busca revisar decenas de normas consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el actual contexto jurídico y económico.
Entre sus principales ejes se destacan:
- La derogación de más de 70 leyes vigentes.
- La eliminación de regulaciones consideradas redundantes.
- La supresión de normas que quedaron desactualizadas por los avances tecnológicos.
- La revisión de leyes que afectan libertades individuales.
- La reducción de organismos, fondos y estructuras estatales con funciones superpuestas.
- La eliminación de regulaciones vinculadas a entidades que ya no existen.
- Cambios en el financiamiento de determinadas instituciones.
- La simplificación general del marco regulatorio para ciudadanos y empresas.
El argumento oficial
En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo sostiene que el exceso de normas genera inseguridad jurídica y limita el desarrollo de las actividades económicas.
Además, remarca la necesidad de avanzar en una revisión permanente de la legislación para que el Estado concentre sus esfuerzos en regulaciones consideradas prioritarias y pueda ofrecer respuestas más ágiles y transparentes.
Con estas medidas, el Gobierno busca consolidar un esquema basado en una menor intervención estatal y en el principio de “máxima libertad”, según el cual todo aquello que no esté expresamente prohibido debe considerarse permitido.
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