La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, luego de cuatro horas de debate. La iniciativa reunió un amplio consenso entre los bloques y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Durante la sesión de este miércoles, el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por distintos sectores de la oposición para incorporar garantías vinculadas con las pensiones no contributivas, la continuidad de las prestaciones médicas y la regularización de las deudas con prestadores del sistema de discapacidad.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, tuvo un papel central en las negociaciones. Sus propuestas fueron aceptadas por La Libertad Avanza y contribuyeron a destrabar el acuerdo parlamentario. La oposición destacó su intervención y el trabajo conjunto con organizaciones vinculadas al sector.
Entre los cambios incorporados, se estableció la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se ratificó la posibilidad de percibir esa prestación junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Qué establece la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad
El texto aprobado garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro. Además, contempla la asignación de partidas presupuestarias para sostener las políticas destinadas a las personas con discapacidad.
Otro de los puntos centrales establece un mecanismo de notificación fehaciente ante eventuales suspensiones de beneficios. En esos casos, los beneficiarios tendrán un plazo de 60 días para presentar su descargo y acceder a una revisión posterior por parte de la autoridad competente.
La norma también fija un cronograma para regularizar los pagos adeudados a los prestadores. El esquema deberá informarse dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley, mientras que la cancelación de las deudas no podrá extenderse más allá de los 90 días desde su entrada en vigencia.
Asimismo, el proyecto contempla una pensión inembargable para las personas mayores de 70 años que no estén comprendidas en un régimen previsional y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El beneficio equivaldrá al 70% del haber jubilatorio mínimo.
En materia de control, se prevén auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones por invalidez laboral y discapacidad. La Secretaría de Discapacidad podrá suspender los beneficios cuando constate incumplimientos de las condiciones vigentes.
Por otra parte, el Ministerio de Salud deberá publicar información estadística sobre las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas, los aranceles del sistema de prestaciones básicas y la cantidad de beneficiarios, junto con los montos correspondientes a las pensiones.
La iniciativa también incorpora capacitaciones para promover una atención accesible, respetuosa y libre de discriminación, con reconocimiento de la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad.
Los argumentos del oficialismo
El diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza y miembro informante del dictamen de mayoría, destacó los consensos alcanzados durante el tratamiento legislativo.
“No podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de utilización política”, sostuvo. Además, afirmó que el Gobierno recibió un sistema con problemas estructurales y que el proyecto busca transformar mecanismos transitorios en reglas permanentes.
Por su parte, la diputada oficialista Giselle Catelnuovo consideró que el debate representaba una oportunidad para avanzar hacia una política de Estado en materia de discapacidad y sostuvo que los derechos del sector no deberían depender de discusiones presupuestarias anuales.
La oposición destacó los cambios incorporados
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, atribuyó el avance del proyecto a la movilización de las organizaciones de personas con discapacidad y a sus reclamos para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
El legislador destacó la incorporación de mecanismos para impedir suspensiones de pensiones sin garantizar el derecho de defensa de los beneficiarios. También valoró las modificaciones vinculadas con la compatibilidad entre las prestaciones y el empleo formal.
Marino cuestionó, además, disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo, al considerar que podrían restringir derechos y coberturas del sector.
En la misma línea, la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, destacó el trabajo de Herrera Ahuad y la participación de los distintos espacios políticos. Sin embargo, señaló que el dictamen original estaba incompleto y atribuyó las modificaciones al diálogo con las organizaciones.
“Modificamos a partir de la escucha activa respecto a la compatibilidad de la pensión con la AUH”, afirmó, al tiempo que remarcó la incorporación de garantías presupuestarias para evitar que los recursos destinados al sistema queden desprotegidos.
Tolosa Paz también advirtió sobre la necesidad de impedir nuevas suspensiones masivas de prestaciones. En ese sentido, defendió el mecanismo de notificación y el plazo de 60 días para que los beneficiarios puedan presentar sus descargos.
“Bajar una pensión es un hecho administrativo, pero para la persona con discapacidad es una cuestión de vida o muerte”, concluyó.
Cómo sigue el proyecto
Tras su aprobación en Diputados, la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad deberá continuar su tratamiento en el Senado. La discusión parlamentaria estuvo marcada por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, pero terminó con un amplio respaldo a una iniciativa que incorpora garantías para los beneficiarios y establece obligaciones para el Estado en materia de prestaciones, financiamiento y control.
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