Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el regreso a comisiones del proyecto de Endeudamiento Familiar, a partir de una moción presentada por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. La votación terminó con 121 votos a favor, 117 en contra y cinco abstenciones, en el cierre de una extensa sesión atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
Unión por la Patria intentó impedir que prosperara la propuesta oficialista para avanzar con su propio dictamen de minoría, pero no consiguió los votos necesarios. El resultado dejó en evidencia las dificultades de la oposición para sostener el tratamiento de una iniciativa que había impulsado para abordar la situación de millones de argentinos afectados por la morosidad y el sobreendeudamiento.
Durante la madrugada, la diputada Cecilia Moreau denunció que funcionarios del Gobierno estaban llamando a legisladores para presionarlos a respaldar la posición de La Libertad Avanza. “Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo”, afirmó. También comparó la situación con el caso del exsenador Edgardo Kueider. A su lado, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, coincidió con la denuncia.
El oficialismo consiguió imponerse en la votación con el respaldo de Juan Brugge, Lourdes Arrieta y Sergio Capozzi, además de las abstenciones de los cordobeses Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. El resto de Provincias Unidas votó en contra.
Qué proponía el proyecto de Endeudamiento Familiar
La iniciativa había sido emplazada por la oposición el 9 de septiembre y obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, cuya composición favoreció al oficialismo.
A diferencia de la propuesta de condonación de deudas impulsada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el proyecto de La Libertad Avanza estaba orientado a establecer reglas de transparencia crediticia, protección de los consumidores y educación financiera.
Uno de sus ejes centrales era obligar a las entidades financieras y comerciales a informar de manera clara las tasas de interés, el valor de las cuotas, las comisiones, los seguros asociados y el costo total de cada financiación. También planteaba dar mayor visibilidad al Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), un indicador que permite conocer cuánto cuesta realmente un crédito.
La propuesta incorporaba, además, medidas de protección para las operaciones digitales, como mecanismos de autenticación reforzada, consentimiento informado y herramientas para reclamar reintegros ante posibles fraudes. También contemplaba un botón de arrepentimiento que podría utilizarse durante los primeros diez días hábiles posteriores a la solicitud.
Entre las herramientas previstas figuraban la posibilidad de establecer límites de consumo inferiores al crédito disponible y la portabilidad de las financiaciones, para trasladar una deuda a otro proveedor que ofreciera mejores condiciones.
En el caso de los menores de 18 años, el texto proponía notificaciones inmediatas y gratuitas a los titulares de las tarjetas cuando se registraran consumos desde cuentas o perfiles asignados a ellos.
Los argumentos del oficialismo
El diputado Santiago Pauli, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la iniciativa como una herramienta para establecer reglas comunes para quienes otorgan créditos y quienes acceden a ellos.
El legislador sostuvo que los consumidores necesitan conocer las condiciones de financiación desde la publicidad hasta la cancelación de la deuda. También destacó la incorporación de mecanismos de autenticación de identidad, mayores controles contra los fraudes y herramientas de educación financiera.
Pauli defendió, además, la posibilidad de que los usuarios establezcan límites propios de gasto y puedan trasladar sus créditos a otras entidades. “El crédito es una herramienta fundamental para que los argentinos puedan crecer, mejorar su calidad de vida”, afirmó, al sostener que la regulación debía favorecer la libertad de elección.
Desde el PRO, la diputada Daiana Fernández Molero cuestionó la propuesta de minoría de la oposición y advirtió que establecer topes a las tasas de interés o modificar contratos existentes podría restringir el acceso al financiamiento.
Como ejemplo, planteó que una familia podría tener mayores dificultades para conseguir un crédito para cambiar un electrodoméstico y que los trabajadores independientes podrían quedar excluidos del mercado. También comparó esa iniciativa con la Ley de Alquileres derogada mediante el DNU 70/23.
La oposición alertó por la morosidad y la caída de los ingresos
El radical Martín Lousteau puso el foco en la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos de los hogares. Al referirse a los dichos del presidente Javier Milei sobre los montos de los créditos, planteó que, si las sumas prestadas son bajas y las familias no pueden devolverlas, el problema puede estar en los ingresos o en las tasas de interés.
Lousteau señaló que el 40% de los deudores debía menos de $90.000 y aun así no podía pagar. También vinculó el deterioro de la capacidad de pago con el aumento de los servicios, los alquileres y las prepagas.
La diputada Kelly Olmos, de Unión por la Patria, cuestionó que el Poder Ejecutivo hubiera evitado discutir el problema del sobreendeudamiento y sostuvo que más de seis millones de argentinos habían ingresado en situación de mora por atrasos superiores a los 90 días.
Según advirtió, una parte de esos deudores había alcanzado niveles elevados de irregularidad crediticia, lo que podía reducir sus posibilidades de acceder a nuevas financiaciones.
Por su parte, Julia Strada, titular de la Comisión de Economía y diputada de Unión por la Patria, atribuyó el problema a la caída de los ingresos y al aumento de los gastos cotidianos. “Es un problema de índole macroeconómico, le guste o no le guste al presidente”, afirmó.
Strada también cuestionó las declaraciones de Milei sobre el endeudamiento de los hogares y apuntó contra el titular de Mercado Pago, Marcos Galperin. Durante su intervención, vinculó la morosidad con las dificultades que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes.
Un debate que terminó sin avanzar
La discusión sobre el Endeudamiento Familiar formó parte de una sesión extensa en la que la oposición buscó avanzar con distintas iniciativas, entre ellas el tratamiento de la situación de las personas con discapacidad.
Aunque el proyecto de transparencia crediticia contaba con dictamen de mayoría, la votación de la madrugada resolvió su regreso a comisiones y dejó pendiente la continuidad del debate.
El resultado expuso dos enfoques diferentes frente al problema del endeudamiento: mientras el oficialismo defendió herramientas de información, prevención del fraude y educación financiera, la oposición reclamó medidas para enfrentar la morosidad masiva y cuestionó el impacto de la situación económica sobre la capacidad de pago de las familias.
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