La pesca podría convertirse en uno de los próximos frentes de la ofensiva del Gobierno sobre las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas. La Casa Rosada evalúa incluir al sector en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado al Congreso la próxima semana y que busca endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago sin autorización argentina.
La discusión no pasa solamente por sancionar a los buques que pescan en aguas que Argentina considera propias. El punto central es determinar hasta dónde puede extenderse la responsabilidad sobre empresas que tengan vínculos directos o indirectos con operadores pesqueros que trabajan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
La cuestión cobra especial relevancia porque la pesca es una de las principales actividades económicas de las Malvinas. Desde hace décadas, la administración británica de las islas otorga licencias para que embarcaciones extranjeras operen en las aguas circundantes, con distintas temporadas y especies objetivo. Ese esquema genera ingresos para la economía isleña y constituye una de las actividades productivas sobre las que se sostiene su estructura económica.
Por eso, una eventual ampliación del régimen de sanciones podría tener un alcance considerablemente mayor al que tendría una medida limitada a la actividad petrolera. La pesca cuenta con una red empresarial y comercial que excede a los propietarios de los barcos e involucra sociedades, armadores, operadores y otros actores vinculados a la explotación de los recursos marítimos.
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Qué herramientas existen hoy
Argentina ya cuenta con legislación específica para limitar los vínculos comerciales con empresas que participen de actividades pesqueras en aguas de Malvinas sin autorización nacional. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o permisos de captura en Argentina deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización.
La norma también contempla vínculos indirectos a través de sociedades relacionadas o controladas. Si se comprueba una infracción, el Estado puede avanzar con la caducidad de permisos, cuotas y autorizaciones de captura.
El debate dentro del Gobierno apunta ahora a determinar si esas herramientas resultan suficientes o si deben incorporarse sanciones adicionales dentro del nuevo esquema que impulsa Javier Milei.
El modelo que busca aplicar el Gobierno
La iniciativa parte de la modificación de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, que actualmente establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina sin autorización. El Gobierno pretende utilizar ese esquema como base para ampliar el universo de actividades alcanzadas.
El nuevo régimen apunta a que las sanciones no recaigan únicamente sobre quienes realizan directamente una actividad considerada ilegal por Argentina. También podría alcanzar a accionistas, directivos, proveedores y empresas que participen económica o comercialmente de esos proyectos.
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Ese criterio ya comenzó a aplicarse sobre el sector hidrocarburífero. La Casa Rosada abrió procedimientos contra decenas de personas y empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion y avanzó además con una denuncia penal contra compañías relacionadas con la iniciativa.
La eventual incorporación de la pesca trasladaría esa misma lógica a una actividad que tiene una presencia mucho más extendida en el archipiélago.
Por qué la pesca es un punto sensible
A diferencia del petróleo, cuya explotación comercial todavía se encuentra en una etapa de desarrollo, la pesca tiene una actividad sostenida desde hace décadas alrededor de las islas. La existencia de un sistema de licencias británicas permite que embarcaciones extranjeras operen de manera regular para las autoridades isleñas, mientras que Argentina considera ilegítimas esas autorizaciones por tratarse de recursos ubicados en un área cuya soberanía reclama.
De allí que el debate sobre las sanciones tenga también una dimensión económica: limitar los vínculos de empresas radicadas o con negocios en Argentina con operadores pesqueros de Malvinas podría afectar el circuito comercial que sostiene parte de la actividad económica de las islas.
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El desafío para el Gobierno será definir con precisión qué relaciones serán consideradas sancionables. Una empresa podría no tener un buque operando directamente en Malvinas y, sin embargo, mantener una participación societaria, comercial o financiera con un operador que sí lo hace. Ese tipo de relaciones indirectas es precisamente uno de los puntos que la Casa Rosada analiza incorporar al nuevo régimen.
La definición final quedará plasmada en el proyecto que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso la próxima semana. La pesca, por su peso económico en las islas y por la cantidad de actores extranjeros involucrados, aparece así como una de las actividades que el Gobierno busca incorporar a una estrategia más amplia de presión sobre quienes explotan recursos en el área bajo administración británica.
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