En un movimiento que se aceleró tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Poder Ejecutivo concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de ahora, todas sus atribuciones quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la noticia esta mañana y justificó la medida denunciando “toneladas de capas burocráticas y descontrol administrativo”. Según el vocero, la autonomía de la que gozaba el organismo desde su creación en 2017 facilitó manejos oscuros y una falta total de transparencia en el otorgamiento de beneficios.
Adorni no ahorró detalles sobre las irregularidades detectadas durante las auditorías. El funcionario mencionó casos de familiares que seguían cobrando pensiones de personas fallecidas y médicos que firmaban trámites sin ningún respaldo clínico.
El ejemplo más crudo fue el de la Fundación METAS, una organización que facturaba servicios de apoyo escolar pero que, al ser inspeccionada, resultó ser una vivienda precaria. “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sentenció Adorni para graficar el nivel de desidia en el control de los fondos públicos.
La reestructuración implica una poda importante en la burocracia estatal. Con el traspaso a Salud, se eliminan 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del área. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar la trazabilidad de los expedientes y realizar auditorías permanentes bajo criterios estrictamente sanitarios.
Para llevar tranquilidad a los beneficiarios, el jefe de Gabinete aclaró que la medida no afectará a quienes realmente necesitan la asistencia. “Esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó el funcionario, buscando desactivar cualquier foco de conflicto social ante el cierre definitivo de la agencia.
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