La comunidad educativa protagonizará este martes una nueva jornada de protesta con la cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización convocada por docentes, no docentes, estudiantes y graduados de todo el país para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre el sistema universitario público.
El reclamo se da en medio de un fuerte deterioro presupuestario que, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), provocó una caída real del 45,6% en las transferencias destinadas a universidades nacionales desde 2023 hasta la actualidad.
“Las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% del 2023 a la fecha. En todos los aspectos, estamos a la mitad de nuestras capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN.
La protesta universitaria se profundizó luego de que el Gobierno nacional oficializara nuevos recortes en el área educativa mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida dispuso una poda de $78.768 millones sobre el presupuesto de la Secretaría de Educación para 2026 y afectó distintas áreas sensibles del sistema educativo. Entre ellas, se recortaron más de $35.000 millones del Plan Nacional de Alfabetización y se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, que representaba casi $9.000 millones.
Además, el Ejecutivo resolvió quitar $5.303 millones destinados a obras de infraestructura en universidades nacionales, una decisión que impacta sobre proyectos de ampliación, mantenimiento y refacción edilicia en distintas casas de estudio.
Desde las universidades también advierten sobre el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes. Según datos de CONADU, los salarios de los profesores universitarios registraron una caída real del 34% desde la llegada de Milei al poder hasta enero de 2026.
En ese contexto, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un sueldo bruto de $305.604. Además, el sector denuncia que no existen negociaciones paritarias desde octubre de 2024.
Un informe elaborado por el propio CIN sostiene que, mientras los salarios universitarios crecieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 280%. Ese desfase provocó una pérdida del 32% en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y una quita equivalente a 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años.
El ajuste también golpeó a los estudiantes. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las becas estudiantiles sufrieron una caída real del 76% en el mismo período. Actualmente, las becas del Plan Belgrano alcanzan los $80.000, mientras que las del programa Progresar quedaron en $35.000.
En paralelo al conflicto presupuestario, el debate por la ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, lo que suspendió temporalmente la cautelar vinculada a la norma y trasladó la definición final a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la resolución judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida hasta que el máximo tribunal emita un fallo definitivo.
A su vez, el Gobierno solicitó que los integrantes de la Corte se excusen de intervenir en el caso bajo el argumento de que son docentes universitarios, una estrategia que en ámbitos judiciales fue interpretada como una maniobra dilatoria.
Mientras tanto, desde la Casa Rosada sostienen que la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones y pondría en riesgo el objetivo oficial de sostener el superávit fiscal.
Con ese escenario de fondo, las universidades volverán a las calles para reclamar recursos, actualización salarial y garantías de funcionamiento para el sistema público de educación superior.
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