El conflicto en las vías navegables argentinas sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional intimara formalmente a 536 profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen sus funciones de manera inmediata, tras el paro por tiempo indeterminado que afecta a los principales puertos del país.
La medida fue comunicada por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que intervino como organismo de fiscalización operativa y disciplinaria de la actividad. Desde la fuerza advirtieron que la continuidad de la interrupción del servicio podría derivar en la apertura de sumarios administrativos y denuncias penales.
Según informaron, la negativa a retomar las tareas podría encuadrarse dentro de los delitos previstos en el Código Penal vinculados al entorpecimiento del transporte por agua y acciones que comprometan la seguridad de la navegación. Las penas contempladas para estos casos pueden alcanzar hasta ocho años de prisión.
El paro que paralizó la actividad portuaria
La medida de fuerza fue impulsada por los especialistas encargados de maniobrar buques en ríos, canales y pasos navegables, una tarea considerada clave para el ingreso y egreso de embarcaciones de gran porte.
La huelga afecta el movimiento de barcos que transportan granos, insumos energéticos y distintas mercaderías, generando preocupación por su impacto en el comercio internacional argentino.
El conflicto se inició luego de la publicación del Decreto 690/2026, una normativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que modificó el esquema vigente para la actividad marítima y fluvial.
Qué cambia con el nuevo régimen
Entre los principales cambios establecidos por el decreto se encuentra la creación de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, la eliminación de restricciones para el ingreso a la actividad y la posibilidad de que los usuarios comerciales seleccionen libremente a sus prestadores.
Además, la normativa habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a establecer límites tarifarios y obliga a transparentar los costos asociados a las prestaciones.
Otro de los puntos cuestionados por el sector fue la eliminación de la segmentación por zonas geográficas, que establecía la rotación de prácticos durante determinados recorridos, junto con la flexibilización de traslados del personal y modificaciones en las condiciones de contratación.
El reclamo del sector
Las organizaciones que representan a los trabajadores del practicaje resolvieron suspender todas las tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta que el Gobierno revise o deje sin efecto la nueva normativa.
Desde el sector sostienen que los cambios impulsados por la administración nacional afectan las condiciones laborales y operativas de una actividad considerada estratégica para la seguridad de la navegación.
Mientras tanto, el Gobierno busca destrabar la situación y evitar que la paralización genere mayores consecuencias económicas, especialmente en un momento clave para el movimiento de exportaciones y el funcionamiento de la Hidrovía.
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