El juez federal Sebastián Casanello dispuso el embargo de las cuentas bancarias de Sergio Aguirre, titular de la empresa HTECH Innovation y socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la intervenida Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera).
La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, investiga un supuesto desvío de $266.675.288 entre noviembre de 2024 y julio de 2025, período durante el cual la obra social permaneció intervenida por decisión del Gobierno nacional.
Además de Aguirre, el magistrado citó a declaración indagatoria a los exinterventores de Osprera Virginia Montero y Marcelo Petroni, ambos designados por la administración de Javier Milei, y ordenó el embargo de sus bienes. También deberán declarar Stefano Zanetti y María Casandra Mirabelli, socios de HTECH Innovation.
La investigación judicial
En su resolución, Casanello sostuvo que la empresa HTECH Innovation habría recibido pagos cuestionados por parte de Osprera y que las cuentas bancarias de la firma se utilizaron para canalizar fondos que la Justicia considera presuntamente irregulares.
El juez también advirtió que, durante el período investigado, Aguirre y sus socios adquirieron vehículos de alta gama, un hecho que, según la investigación, podría estar vinculado con las ganancias obtenidas a partir de las contrataciones bajo análisis.
El vínculo con Martín Menem
Aunque Martín Menem no integra HTECH Innovation ni figura imputado en esta causa, la investigación volvió a poner el foco sobre el vínculo comercial que mantiene con Aguirre.
Ambos son socios en TR Nutrition, una empresa dedicada a la importación y comercialización de suplementos alimenticios. En su última declaración jurada patrimonial, Menem informó ser propietario del 50% de esa firma.
Cómo comenzó la causa
HTECH Innovation fue creada en abril de 2024 y meses más tarde fue contratada por Osprera para realizar trabajos vinculados a los sistemas informáticos de la obra social. Según la investigación, las primeras facturas emitidas por la empresa fueron precisamente para Osprera, que abonó dos pagos iniciales por más de 47 millones de pesos en noviembre de 2024.
La causa también alcanza al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el marco de una investigación paralela sobre un presunto intento de intervenir la conducción del gremio Uatre, organización sindical de la que depende la obra social. La denuncia fue presentada por el actual secret
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