Séptima semana del juicio a Esteban Alvarado
El juicio a Esteban Lindor Alvarado, en su séptima semana, confirmó que se trata de una causa que revela los pliegues íntimos y oscuros de los estados nacional y provincial.
Nichos de corrupción que aparecen en los últimos quince años y están protagonizados por funcionarias y funcionarios políticos, judiciales, policiales e integrantes del poder económico emergente en Rosario a partir de 2007 cuando irrumpió el llamado boom inmobiliario.
Si el año 2013 es clave en esta historia, cuando se produjeron los asesinatos del “Pájaro” Cantero y Luis Medina y Justina Pérez Castelli y el atentado contra el entonces gobernador Antonio Bofatti y se registró la mayor cantidad de asesinatos en la historia de la ex ciudad obrera; en las declaraciones de la séptima semana, especialmente las del comisario en disponibilidad Gustavo “Gula” Pereyra, pone al año anterior, 2012, también como una zona de tiempo en donde ocurrieron decisiones políticas y construcciones judiciales y policiales que impulsaron el desarrollo y crecimiento de los negocios empresariales y asesinos de Alvarado.
En octubre de 2012, la denuncia sobre la participación del entonces jefe de la policía provincial, Hugo Tognolli, generó como respuesta de parte del gobierno de Bonfatti la creación de la División de Delitos Complejos encabezada por la abogada y policía Ana Viglione secundada por Andrés Ferrato. Pereyra estaba a sus órdenes. Una década después los sigue denunciando por falso testimonio porque el oficial investigaba bandas narcos y la brigada operativa de asuntos judiciales que llevaba a cargo la indagación de Los Monos. Eso terminó en una acusación contra Pereyra por integrar la banda de Las Flores. Se demostró lo contrario. Como también que aquella estructura policial trabajaba para Alvarado.
Pereyra agregó que en el año 2011 encontró policías cobrando dinero de narcos, los denunció y terminó sancionado. Eran tiempos del comisario Solá y del ministro Corti. “Me sacaron porque molestaba”, sostuvo. Años después lo acusaron de formar parte de “Los Monos” por negarse a pagar 20 mil dólares que le pidió un hombre vinculado a una revista de turf.
En forma paralela, el oficial Rodrigo Capdevilla reveló en la audiencia del primero de abril que “la gorra”, por la estructura policial corrupta, le ofrecía a Luis Medina zonas liberadas desde Santa Fe a Rosario, de acuerdo a la escuchas que tenía de su celular. Diez años después, otro narco, Marcos Jeremías Mac Caddon, diría casi las mismas palabras en otra causa que se difundió en estos días.
En su declaración, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sostuvo que “la mayoría de los policías vinculados a Alvarado pasaron por la UR XVII, de San Lorenzo”. También denuncio un acuerdo entre parte del peronismo y el radicalismo en el senado y que muchos senadores “ponían y sacaban jefes policiales”.
Terminó diciendo que “hasta que en Santa Fe no se corte estas complicidades va a haber dolor y sangre”.
Cuando le tocó el turno al secretario del juzgado federal número 3 de Rosario, Gustavo Darío Guazzaroni, dijo que su jefe, el juez Marcelo Bailaque rechazó investigar a Esteban Alvarado porque estaba con otra pesquisa sobre él, por lavado de activos. Un explicación endeble e insuficiente porque para que haya lavado de activos tiene que haber un delito precedente que, en este caso, era el narcotráfico que durante más de dos años se negó a investigar el juez federal rosarino Marcelo Bailaque.
Como diría Discepolín, “en el mismo lodo, todos manoseados”.
Fuentes: Notas y apuntes del autor de la nota presente en las audiencias de los días 1, 4 y 5 de abril de 2022.
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