La Justicia federal avanzó con una investigación contra el ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas de la empresa estatal durante viajes al exterior realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
La causa fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió determinar si existieron maniobras “penalmente relevantes” vinculadas a gastos realizados con la cuenta corporativa N°338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica. La investigación quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Según el requerimiento de instrucción, la pesquisa no solo alcanza a Reidel, sino también a integrantes del Directorio, la Sindicatura y a todos los titulares o usuarios autorizados de los plásticos corporativos utilizados durante el período investigado.
La denuncia surgió a partir de un informe presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la diputada Florencia Carignano. Allí se detallaron consumos que, según la fiscalía, podrían ser ajenos a la finalidad institucional de la empresa estatal.
Entre los gastos detectados aparecen 45 compras en free shops por casi 6.000 dólares y más de un millón de pesos, pagos en servicios de playa en Valencia, consumos en bares y pubs de Madrid, además de transferencias mediante Mercado Pago, gastos en hoteles, indumentaria y adelantos de efectivo por alrededor de 56 millones de pesos.
Uno de los puntos observados por la fiscalía es que el reporte oficial no identificaba quién había realizado cada operación ni cuántos plásticos estaban asociados a la cuenta corporativa, situación que dificultaría establecer responsabilidades individuales. Tampoco figuraban rendiciones documentadas que justificaran el carácter institucional de los consumos.
En la denuncia presentada ante Comodoro Py, la diputada Marcela Pagano sostuvo que incluso si algunos gastos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, varios de ellos resultarían incompatibles con el régimen vigente de viáticos y uso de fondos públicos.
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal González solicitó incorporar el reporte completo de gastos, identificar a todos los usuarios autorizados de la cuenta y requerir al banco emisor el detalle de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y titular del plástico utilizado.
Además de esta causa, existe otra denuncia similar presentada por el diputado nacional Esteban Paulón, que tramita en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.
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