La audiencia contra el ex fiscal rosarino Mariano Ríos Artacho continúa este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani avanzan con la exposición de la evidencia reunida durante la investigación que tiene al ex funcionario acusado de encabezar una asociación ilícita.
En uno de los momentos más fuertes de la jornada, Spelta aseguró que, si la legislación argentina no estableciera un límite máximo de 50 años de prisión, la Fiscalía podría solicitar una pena de 330 años por la sumatoria de los delitos atribuidos a Ríos Artacho.
“Si no existiera el tope de 50 años de cárcel que tiene nuestra legislación, le podríamos pedir 330 años de prisión por la sumatoria de delitos que él mismo admitió ayer”, sostuvo el fiscal durante su exposición.
Spelta también apuntó directamente contra el rol que habría desempeñado el ex funcionario dentro de la organización investigada.
“Ríos Artacho dejó dedos pegados en todos los hechos. Y a medida que ascendía en el MPA, manejaba causas cada vez con mayor movimiento económico y sacaba cada vez más de las cuentas judiciales”, afirmó.
Según el fiscal, varios de los integrantes de la presunta asociación ilícita habrían sido conocidos por Ríos Artacho en el VIP del Casino City Center de Rosario.
La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita
Uno de los principales argumentos planteados por la acusación apunta a demostrar que las maniobras investigadas no fueron hechos aislados, sino que respondieron a una estructura organizada que funcionó durante años.
“La duración en el tiempo de las maniobras, la diversidad de hechos, la estructura piramidal y la cantidad de interacciones, llamadas y transferencias que había entre los integrantes de la organización, nos permite acreditar que hubo una asociación ilícita y no fue algo casual”, sostuvo Spelta.
La investigación atribuye a Ríos Artacho el rol de jefe de una organización que habría sustraído más de 400 millones de pesos del Depósito Judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario durante al menos siete años.
De acuerdo con la acusación, el entonces fiscal utilizaba su posición como funcionario para disponer de fondos que permanecían inmovilizados en cuentas judiciales. Parte de ese dinero habría sido utilizado para operaciones financieras, compra de títulos, cambio de cheques o retiros de efectivo.
Críticas a la explicación basada en la ludopatía
Otro de los puntos centrales de la exposición de Spelta fue la explicación que Ríos Artacho dio durante la jornada anterior, cuando vinculó sus conductas con una adicción al juego.
El fiscal rechazó que esa circunstancia pueda funcionar como una justificación para los delitos atribuidos.
Y agregó, en una de las frases más duras de su exposición: “Con ese argumento, abramos las cárceles y que salgan todos los que tienen una necesidad económica”.
Cerliani apuntó contra la responsabilidad como funcionario
Tras la exposición de Spelta, tomó la palabra la fiscal Carla Cerliani, quien también hizo hincapié en la responsabilidad institucional que tenía Ríos Artacho por su condición de integrante del MPA.
“Ríos Artacho tuvo una trayectoria acá mismo, fue nuestro compañero. Ayer quiso que veamos su caso desde el prisma de la humanidad, por su adicción”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que la Fiscalía tiene la obligación de analizar los hechos desde otra perspectiva: “Nosotros tenemos la obligación de leer la evidencia desde la ética pública y la corrupción”.
Cerliani remarcó que Ríos Artacho tenía facultades que otros ciudadanos no poseían debido al cargo que ocupaba.
“Podía ordenar allanamientos, secuestrar dinero y vehículos. Él engañó a todos al disponer de eso para uso propio”, afirmó.
La fiscal también sostuvo que el ex funcionario engañó a integrantes del sistema judicial y a sus propios colaboradores.
“Ríos Artacho engañó a sus compañeros, a sus empleados, a los jueces. Y todos los que integraban la asociación ilícita con él sabían que los cobros que retiraban provenían de fondos públicos generados por su condición de fiscal”, aseguró.
El caso que comenzó con $1.230
Durante la audiencia, Spelta también reconstruyó uno de los primeros hechos detectados por los investigadores. La maniobra comenzó a partir de una causa por una entradera ocurrida en San Juan al 400, en el centro de Rosario.
Dos delincuentes habían sido detenidos tras cometer el robo y tenían apenas 1.230 pesos entre sus pertenencias. El dinero fue depositado en una cuenta judicial abierta especialmente en el Banco Municipal a nombre del MPA.
Tres meses después, cuando vencía el plazo de la prisión preventiva, Ríos Artacho acordó con la defensa que los acusados abonaran una garantía de 80 mil pesos.
Según la acusación, ese mismo día el entonces fiscal libró un oficio al gerente del Banco Municipal para que transfiriera 81.230 pesos desde aquella cuenta judicial hacia una cuenta particular perteneciente a Julio Héctor Mercado, señalado como integrante de la organización.
Para los investigadores, este episodio constituye uno de los ejemplos de las maniobras que se habrían repetido posteriormente y que fueron inicialmente calificadas como peculado, fraude a la administración pública y falsificación de documentos públicos.
Spelta sostuvo que hasta el momento fueron detectadas alrededor de cien causas en las que Ríos Artacho habría actuado de manera similar.
Una estructura que habría funcionado durante siete años
La Fiscalía sostiene que la organización operó durante aproximadamente siete años y que Ríos Artacho tenía un papel central porque era quien otorgaba las fianzas y, posteriormente, autorizaba los retiros de los fondos depositados judicialmente.
En la estructura también aparece Emilio Barcaccia, abogado y entonces cuñado del ex fiscal, a quien la acusación le atribuye un papel destinado a cubrir los saldos y ocultar los faltantes de dinero.
Spelta también mencionó un movimiento de 32 mil dólares registrado el 2 de julio de 2024, un día después de la renuncia de Ríos Artacho. Según explicó, fue la primera vez que Mercado realizó ese tipo de ingreso, mientras que anteriormente esa función habría estado a cargo de Barcaccia.
Los antecedentes que terminaron con su renuncia
La investigación que ahora lo tiene sentado frente al tribunal se suma a otros episodios que ya habían puesto a Ríos Artacho bajo la lupa mientras se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Delitos Económicos.
Uno de ellos fue la entrega de un Mercedes Benz secuestrado durante un allanamiento a un comisario amigo del ex funcionario, Álvaro Rosales. El vehículo apareció posteriormente en la vivienda del policía cuando fue allanado en otra investigación.
Además, en 2024 Ríos Artacho quedó involucrado en un expediente disciplinario y una causa penal por lesiones leves, luego de protagonizar una pelea con otro apostador en el Casino City Center. Durante aquel episodio, según la acusación, habría amenazado a su oponente con utilizar su condición de fiscal para hacerlo detener.
Cuando esos y otros hechos llegaron a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, Ríos Artacho presentó su renuncia al Ministerio Público de la Acusación.
La audiencia continúa este martes en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, ante la jueza Trinidad Cabrera. El caso es investigado por la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios del MPA y la acusación está a cargo de Spelta y Cerliani.
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