La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional reparar “de manera inmediata e integral” las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe, en un momento en que quedó expuesta la falta de ejecución de una parte importante de los fondos que el Estado recauda a través del Impuesto a los Combustibles, tributo que tiene entre sus destinos el financiamiento de infraestructura vial. En los últimos días, además, el propio Gobierno admitió que parte de esos recursos fueron utilizados para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
El dato adquiere especial relevancia frente al estado de las rutas nacionales y a la falta de mantenimiento denunciada en distintos puntos del país. Según una investigación difundida esta semana, en los últimos dos años y medio el Estado recaudó más de $1,5 billones destinados a rutas y obras viales, pero ejecutó apenas una cuarta parte, mientras que más de $1 billón fue colocado en instrumentos financieros.
En ese contexto, el fallo firmado por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, establece que la Nación no puede desentenderse del mantenimiento de los corredores viales que atraviesan el departamento General López. La resolución considera que la prolongada falta de conservación configuró una omisión estatal “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
El amparo de Di Gregorio
La decisión judicial surgió a partir de una acción de amparo presentada por la senadora provincial de Unidos Para Cambiar Santa Fe Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad. La legisladora había iniciado el reclamo en marzo de 2025, luego de denunciar el deterioro de las rutas 7, 8 y 33 y exigir una intervención urgente.
En una primera instancia, la Justicia había dispuesto una medida cautelar que obligaba a Vialidad Nacional a señalizar los sectores peligrosos, implementar desvíos cuando fueran necesarios y realizar trabajos de bacheo y relleno. Esa medida fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Rosario.
Sin embargo, el cumplimiento fue parcial. En marzo de este año, Vialidad reconoció que las tareas sobre la ruta 33 no habían vuelto a ejecutarse debido a la falta de autorización de una solicitud de provisión y a la espera de una ampliación presupuestaria. El organismo también argumentó que las restricciones presupuestarias y financieras dificultaban la realización de las tareas mínimas de conservación.
Para Cuello Murúa, el problema no puede reducirse a una cuestión administrativa o contractual. El magistrado sostuvo que las distintas áreas estatales involucradas (entre ellas Vialidad, la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado) incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, lo que terminó configurando una “omisión comunitaria” del Estado.
“De lo que paga un santafesino en impuestos a Nación al cargar combustible, no vuelve nada”
Qué ordenó el juez
La sentencia obliga al Estado nacional a garantizar la reparación integral de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, con el objetivo de recuperar su plena transitabilidad y condiciones de seguridad.
El juez dejó expresamente establecido que esa responsabilidad sigue siendo del Estado nacional aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas. Por eso, la eventual concesión de los corredores no puede utilizarse como argumento para postergar las reparaciones.
La precisión cobra importancia porque el Gobierno avanzó con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. En el expediente se menciona que distintos tramos de las rutas involucradas fueron adjudicados a empresas privadas: la ruta 33 a CPC SA, mientras que sectores de las rutas 7 y 8 quedaron en manos de otros grupos concesionarios.
Para la Justicia, esos cambios no modifican la obligación fundamental: la Nación debe garantizar que las rutas estén en condiciones de ser transitadas, independientemente de quién tenga a su cargo la ejecución concreta de los trabajos.
Así, el fallo vuelve a colocar frente a frente dos cuestiones que quedaron expuestas en los últimos días: el deterioro de rutas que necesitan obras urgentes y la discusión sobre el destino de los recursos que los automovilistas aportan mediante el Impuesto a los Combustibles.
La sentencia, además, trasciende el caso puntual de Santa Fe: establece que la falta de presupuesto, las trabas administrativas o el esquema de concesiones no pueden convertirse en excusas para que el Estado deje de cumplir con su responsabilidad sobre la red vial nacional.
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