La investigación por el brutal crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni volvió a quedar envuelta en polémica luego de que surgieran sospechas sobre un posible sabotaje en una pericia considerada clave para esclarecer definitivamente el caso ocurrido en Salta en 2011.
La Justicia federal investiga ahora si existieron maniobras deliberadas para entorpecer o alterar el análisis de muestras genéticas que podrían aportar nuevos datos sobre el doble femicidio ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo, uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente argentina.
Las víctimas, de 29 y 24 años, habían llegado al país como turistas y fueron halladas asesinadas el 29 de julio de 2011 luego de que hayan estado desaparecidas durante varios días. Ambas tenían signos de violencia extrema y abuso sexual, lo que provocó conmoción internacional y una fuerte presión diplomática por parte de Francia.
Por el hecho fueron condenados Gustavo Lasi, Santos Vera y Daniel Vilte Laxi, aunque desde hace años existen dudas sobre la investigación original, las pruebas recolectadas y la posible participación de más personas en el crimen. Organizaciones de derechos humanos, familiares y abogados defensores denunciaron en distintas oportunidades irregularidades durante el proceso judicial.
El nuevo escándalo surgió a partir de una pericia genética impulsada para reexaminar muestras biológicas halladas en la escena del crimen. Según la información divulgada, investigadores detectaron anomalías en la cadena de custodia y sospechan que ciertas pruebas podrían haber sido contaminadas, manipuladas o directamente inutilizadas antes de su análisis.
La situación generó fuerte preocupación tanto en la querella como entre autoridades judiciales debido a que el estudio podía resultar determinante para confirmar o descartar hipótesis que siguen abiertas a casi 15 años del crimen.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la investigación apunta a establecer si hubo negligencia técnica o una acción intencional destinada a impedir el avance de la pericia. En ese marco, no se descarta que puedan impulsarse nuevas imputaciones o medidas disciplinarias sobre personal involucrado en la conservación de las evidencias.
El caso de las turistas francesas se convirtió desde 2011 en uno de los expedientes judiciales más controvertidos del país por las denuncias cruzadas, las versiones contradictorias y las dudas persistentes sobre el desarrollo de la investigación. Incluso organismos internacionales siguieron de cerca el proceso debido a las sospechas de irregularidades y posibles errores judiciales.
Ahora, el foco vuelve a posarse sobre el manejo de las pruebas y la posibilidad de que información decisiva haya sido afectada en un expediente que, más de una década después, sigue generando interrogantes.
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