El caso Sueños Compartidos terminó este lunes con un fallo dividido: el Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, mientras que Julio De Vido fue absuelto.
López y Fatala recibieron dos años y nueve meses de prisión en suspenso. Sergio Schoklender fue condenado a dos años y ocho meses y Pablo a dos años y cuatro meses. La resolución fue dictada por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
El juicio buscó determinar qué ocurrió con una parte de los fondos que el Estado había destinado a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. De acuerdo con la acusación, unos 206 millones de pesos fueron desviados hacia empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.
La causa tuvo su origen en 2011 y atravesó distintas etapas judiciales hasta llegar al juicio oral, que comenzó en marzo de este año. El debate terminó así después de 15 años de investigación y con el expediente al borde de la prescripción.
El punto que definió el fallo
Uno de los principales planteos de las defensas durante el juicio fue precisamente que el caso había prescripto. Los abogados consideraron que desde el último acto interruptivo válido, ocurrido en julio de 2020, había transcurrido el plazo de seis años.
El tribunal rechazó esa interpretación y avanzó con el veredicto. La fiscalía había solicitado para López, Fatala, De Vido y los Schoklender seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para los exfuncionarios.
La acusación sostuvo que existió una maniobra coordinada para direccionar recursos públicos. El programa había recibido casi 748,7 millones de pesos entre 2008 y 2011 para ejecutar obras en distintas provincias, pero la fiscalía consideró probado que una parte de ese dinero terminó fuera del destino previsto.
Qué pasa ahora con los condenados
El fallo todavía no está firme. Las defensas anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que las condenas deberán ser revisadas antes de quedar definitivas.
También quedó pendiente otra investigación relacionada con el expediente, centrada en el supuesto lavado de los fondos y el recorrido del dinero hasta las empresas vinculadas a los Schoklender.
Hebe de Bonafini, quien estuvo procesada durante la investigación, murió en noviembre de 2022 sin llegar a ser juzgada. En tanto, otros imputados ya habían sido sobreseídos durante el extenso recorrido de la causa.
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