El juez Marcelo Bailaque rechazó una solicitud para allanar cuevas en el centro de Rosario que le cambiaban dólares a narcotraficantes. Y su decisión generó ahora un planteo por parte del fiscal federal que había solicitado la orden de allanamiento. Se trata de Javier Arzubi Calvo, funcionario del Ministerio Público Fiscal que condujo una investigación que llevó varios meses sobre una célula de Los Monos liderada por Celestina Contreras, la madre de “Guille” Cantero.
Fuentes de la Fiscalía que preside Arzubi Calvo le dijeron a Red Boing: “Para nosotros había pruebas, que surgían del teléfono celular de una persona imputada, Sandra Callegari. La mujer había comprado dólares en España al 800 a una persona que tenía agendada como ‘Eduardo Dólares’ y a los dos días había comprado 2 kilos y medio de cocaína, que le secuestran de su casa. Sin dólares, no puede comprar la sustancia que luego revende. Esa es la cadena de comercio que evidenció el fiscal en el dictamen de allanamiento”.
Aunque para Bailaque, las cosas no estaban tan claras. Por eso ante el pedido de Arzubi Calvo, autorizó los 31 allanamientos a domicilios donde funcionaban los búnkeres y se almacenaban armas o drogas. Allí se obtuvo información de interés y se detuvo a doce personas involucradas en la red de narcomenudeo. Pero el juez federal no autorizó el ingreso a las oficinas que -revestidas de mutual- servían como cuevas para cambiar dinero narco.
El titular del Juzgado Federal Oral N° 4, Marcelo Bailaque, escribió: “En relación a la solicitud de allanamiento de los domicilios solicitados por la Fiscalía señalados como nros. 32 y 33 no surgiendo de la presente causa elementos que permitan vincularlos con la presente, corresponde rechazar lo peticionado respecto a dichos domicilios”.
Desde la Fiscalía federal plantean ahora: “Las fechas coinciden, la diferencia entre que compró los dólares y le secuestraron la cocaína en su casa a Callegari es de dos días“. No obstante, Bailaque separó la causa “y formó una por separado, por un delito que no habíamos mencionado”. El juez planteó que la venta de dólares en las cuevas debía investigarse con un CUIJ nuevo, imputando lavado de dinero.
La causa federal llevaba casi un año, con cruces de información con la justicia provincial sobre la célula de Los Monos que cayó ayer. En esta línea, para continuar con la investigación que venían llevando adelante, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron al juez Pablo Pinto que autorice allanamientos en las oficinas céntricas en las que la banda conseguía moneda extranjera que les permitía financiarse.
Con la debida autorización del juez provincial Pablo Pinto y participación de las TOE, se irrumpió en las cuevas de la Mutual de Emprendedores del Litoral, que era la razón social detrás de la cual se escondían las cuevas, no autorizadas para la intermediación financiera: había casi siete millones de pesos, unos 30 mil dólares, 700 euros y elementos de interés para la causa. Además, se detuvo a quien estaba agendado como ‘Eduardo Dólares’ y otros cinco hombres a los que se los encontró in fraganti, uno de ellos venezolano.
Una fuente allegada a la Fiscalía de Arzubi Calvo, entre tanto, anticipó el trámite que sigue por la resolución de Bailaque: “Por ahora, continuamos con las impugnaciones con el trámite del Código Procesal penal de Nación. Ante el rechazo, lo que haremos es ir a la Cámara Federal de Apelación de Rosario”.
Antecedentes similares
En el último tiempo, al mismo magistrado ya se le hicieron otros reproches ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en causas vinculadas al narcotráfico. Uno de los casos fue en las afueras de la capital provincial, en febrero de 2020, cuando no autorizó la orden de allanamiento que le solicitó el fiscal federal Walter Rodríguez. Era en una vivienda en la que se presumía la presencia de dos peligrosos narcos que horas antes habían estado involucrados con bultos de droga que habían llegado en avioneta. “Tras la negativa de Bailaque, lograron profugarse por los techos con la policía esperando afuera el permiso del juez para poder ingresar al domicilio”, aseguró el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain.
El otro planteo se hizo este año al finalizar el juicio contra Esteban Alvarado y fue realizado por los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Durante las audiencias, los funcionarios del MPA cuestionaron a Bailaque por haber negado en varias oportunidades los pedidos que se habían hecho para intervenir en 2013 y 2014 líneas teléfonicas vinculadas a la banda narcocriminal. Por este motivo, pidieron al Tribunal que envíe copia de las audiencias al Consejo de la Magistratura, a los fines de evaluar lo hecho por el polémico juez.
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