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Bloqueos, detenidos y crisis: Bolivia endurece su posición frente a las protestas

El Ejecutivo descartó liberar de manera masiva a los arrestados y condicionó cualquier avance en las conversaciones con los sectores movilizados al restablecimiento de la circulación en las rutas que permanecen interrumpidas desde hace semanas.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, de Bolivia

El Gobierno de Bolivia rechazó la posibilidad de otorgar una amnistía general a las personas detenidas durante las protestas que se realizaron recientemente y ratificó que el levantamiento de los bloqueos de rutas es un requisito indispensable para retomar las negociaciones con los sectores movilizados.

La postura oficial fue expresada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, luego de que las conversaciones entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB) ingresaran en un cuarto intermedio apenas horas después de comenzar. El principal punto de conflicto gira en torno al pedido sindical de liberar a los manifestantes arrestados durante los operativos de desbloqueo realizados por las fuerzas de seguridad.

Si bien el funcionario confirmó que una comisión analiza la situación jurídica de los detenidos caso por caso, descartó de plano una medida de alcance general. “Se va a hacer un esfuerzo en términos de lo que se pueda y sea razonable, pero de ninguna manera se puede establecer una amnistía general como ellos proponen”, afirmó Lupo durante una conferencia de prensa.

El Gobierno advierte que garantizará la libre circulación

En medio de un conflicto que ya lleva 49 días, el Ejecutivo boliviano endureció su posición y advirtió que va a usar todas las herramientas legales previstas por la Constitución para restablecer el tránsito en las rutas si fracasan los intentos de negociación.

Las autoridades esperan una respuesta formal de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, uno de los sectores que mantiene medidas de fuerza y que, hasta el momento, no participa directamente de las conversaciones impulsadas por el Gobierno.

“Vamos a hacer uso de todas las atribuciones que la Constitución nos da para garantizar que este departamento, de una vez por todas, tenga paz, libre transitabilidad y se pueda producir”, sostuvo el ministro. Aunque el Gobierno reconoce que parte de los reclamos son legítimos, considera que cualquier acuerdo debe comenzar con una tregua inmediata y el levantamiento de los cortes de ruta.

Más de 40 bloqueos afectan el abastecimiento

La magnitud del conflicto quedó reflejada en el último informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que reportó más de 40 puntos de bloqueo activos distribuidos en cinco departamentos del país.

La situación genera complicaciones crecientes para la economía boliviana. Los cortes afectan las cadenas de suministro, dificultan el transporte de mercancías y provocan problemas en el abastecimiento de alimentos y combustibles en distintas regiones. Además, diversos sectores productivos advirtieron sobre pérdidas económicas significativas como consecuencia de las restricciones al tránsito y las dificultades logísticas.

Un conflicto en medio de la crisis económica

El enfrentamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados se desarrolla en un contexto especialmente delicado para Bolivia, marcado por problemas de abastecimiento de combustibles, tensiones económicas y crecientes dificultades para el transporte de productos.

Ante este escenario, el Ejecutivo insiste en que la normalización de la circulación es una condición básica para avanzar en cualquier negociación, mientras busca encauzar uno de los conflictos sociales más prolongados de los últimos años.

Por ahora, las conversaciones permanecen suspendidas y el futuro del diálogo dependerá de la respuesta de los sectores movilizados y de la posibilidad de alcanzar una tregua que permita desactivar los bloqueos que afectan gran parte del país.

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