El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) implementará un nuevo sistema de facturación para los estudios y prácticas que realiza su Laboratorio Nacional de Inmunogenética. A partir de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo comenzará a cobrar esas prestaciones a las obras sociales y entidades de cobertura sanitaria de los pacientes.
La medida fue establecida mediante la Resolución 235/2026 y dispone que las prestaciones efectuadas por el laboratorio serán facturadas a las entidades responsables de la cobertura médica de cada persona. En cambio, quienes cuenten exclusivamente con cobertura pública continuarán recibiendo estos estudios de manera gratuita, financiados a través del Fondo Solidario de Trasplantes.
El Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza estudios fundamentales para los procesos de trasplante, entre ellos la tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad y determinaciones inmunogenéticas para pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas.
En los fundamentos de la resolución, el Incucai explicó que estas prestaciones demandan recursos humanos especializados, equipamiento de alta complejidad e insumos cuyos costos son afrontados íntegramente por el organismo. Por ese motivo, consideró necesario implementar un mecanismo que permita recuperar esos gastos cuando los pacientes cuenten con cobertura social o privada.
El anexo de la norma establece los valores de referencia para cada práctica. Entre ellos, la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de 514.000 pesos, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes que requieren trasplante de células progenitoras hematopoyéticas costará 979.000 pesos.
La resolución también encomienda a la Dirección de Administración y a la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas la implementación del nuevo sistema de facturación.
La nueva modalidad entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial y no implicará costos para los pacientes con cobertura pública exclusiva, ya que esos estudios seguirán siendo financiados por el Estado.
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