El Senado de la Nación abrirá este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que busca reducir la intervención estatal en la organización de las empresas, ampliar la autonomía de los socios y habilitar nuevas figuras societarias vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.
La discusión empieza a las 15.30 en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, y contará con la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la propuesta.
El funcionario estará acompañado por la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y por el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez.
Menos controles y mayor autonomía empresarial
La iniciativa propone modificar el régimen societario vigente desde 1972 bajo una premisa central: que el Estado deje de intervenir en la forma en que los socios organizan sus empresas.
De acuerdo con el proyecto, las disposiciones legales pasarían a tener carácter supletorio, otorgando mayor peso a los estatutos internos de cada sociedad. En otras palabras, los acuerdos entre socios prevalecerían sobre gran parte de las regulaciones actuales.
Además, se establece que las restricciones estatales deberán ser excepcionales y de interpretación restrictiva, limitando la capacidad de los organismos registrales para imponer requisitos adicionales a los previstos por la ley.
Otro de los cambios relevantes es la flexibilización del objeto social. Las empresas podrían desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas, eliminando el requisito de conexidad que actualmente rige para muchas sociedades.
Empresas gestionadas por inteligencia artificial
Uno de los aspectos más novedosos de la reforma es la creación de nuevas figuras jurídicas adaptadas a la economía digital. Entre ellas aparece la denominada “Sociedad Automatizada”, una estructura que podría operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para sus actividades ordinarias.
El proyecto también incorpora las denominadas DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades que funcionan total o parcialmente de manera automática mediante tecnología blockchain y cuyos derechos de participación pueden representarse a través de tokens digitales.
Estas figuras buscan dar un marco legal a modelos de organización empresarial que ya existen en distintos mercados internacionales vinculados a las finanzas descentralizadas y la economía digital.
Digitalización total de las sociedades
La propuesta también contempla una transformación integral de los procedimientos societarios. Entre los cambios previstos se encuentran:
- Constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.
- Domicilio electrónico obligatorio.
- Libros societarios digitales.
- Asambleas y reuniones a distancia.
- Legajos digitales públicos para cada empresa.
- Sedes electrónicas para la gestión administrativa.
Según los fundamentos del proyecto, estas modificaciones buscan adecuar la legislación a modelos de trabajo remoto, empresas tecnológicas y estructuras distribuidas que ya operan sin una presencia física tradicional.
Nuevos aportes y resolución de conflictos
La iniciativa amplía además los bienes que pueden utilizarse como aportes societarios. Además de dinero o bienes físicos, podrán incorporarse derechos, créditos, activos digitales, prestaciones de servicios y cualquier otro activo susceptible de valoración económica.
El proyecto también habilita a las sociedades a elegir legislación extranjera o normas de comercio internacional para resolver conflictos internos. Asimismo, podrán incorporar cláusulas arbitrales en sus estatutos para dirimir controversias fuera de los tribunales ordinarios.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca modernizar el régimen societario argentino y acercarlo a modelos utilizados en otros países para fomentar la innovación, la digitalización y la creación de nuevos negocios basados en tecnología. Sin embargo, la propuesta promete abrir un intenso debate político y jurídico respecto de los límites de la desregulación, el rol del Estado en el control de las empresas y las implicancias legales de las organizaciones administradas por inteligencia artificial.
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