En las próximas horas se definirá el resultado de una licitación clave para la economía argentina. Se trata de la Hidrovía, un negocio que implicará en pago de peajes a la Argentina unos 10 mil millones de dólares en treinta años, por el trasporte fluvial por el río Paraná. Antes de la apertura de sobres que se produjo este miércoles, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en corrupción estatal que depende del Ministerio Público Fiscal, había puesto bajo la lupa el proceso licitatorio y advertido “serias irregularidades” en el expediente impulsado por el gobierno nacional.
El dictamen, que circuló en ámbitos políticos y judiciales, fue presentado ante el fiscal federal Guillermo Marijuan por parte del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, que sostuvo que varias de las observaciones detectadas en procesos anteriores “se encuentran repetidas” en la nueva licitación impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Uno de los puntos más duros del trabajo de la Procuradoría apunta al modo en que se desarrolló la audiencia pública ambiental realizada en noviembre de 2025, en el marco del Acuerdo de Escazú y de la Ley General del Ambiente. Allí, la PIA cuestionó que la ANPYN haya puesto a disposición de los interesados más de 9.000 páginas técnicas apenas unas semanas antes de la audiencia, algo que —según remarcaron distintos participantes— hacía “materialmente imposible” un análisis serio de la documentación.
El organismo incluso concluyó que hubo un cumplimiento “meramente formal y ritualista” de las obligaciones de acceso a la información ambiental y participación ciudadana. “La ANPYN realizó un cumplimiento meramente formal y ritualista del Decreto 1172/2003 y de la Ley 27.566, priorizando un ‘check-list’ administrativo sobre el espíritu del Acuerdo de Escazú”, señaló el dictamen.
La PIA sostuvo además que el organismo estatal no respondió de manera concreta a varios cuestionamientos planteados durante la audiencia pública, especialmente aquellos vinculados al escaso tiempo otorgado para revisar la información técnica y ambiental. Durante esa audiencia, organizaciones ambientalistas, académicos, representantes de comunidades ribereñas y hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación habían advertido sobre la dificultad de analizar miles de páginas en pocos días y denunciaron que el procedimiento vaciaba de contenido la participación ciudadana.
En paralelo, el documento también menciona denuncias por un posible direccionamiento de la licitación hacia la empresa que actualmente opera el dragado de la Hidrovía, la belga Jan de Nul, que cuenta como socia local a la argentina Servimagnus (vinculada a la familia Román, relacionada con los negocios de los puertos y la logística).
La nueva licitación internacional fue lanzada formalmente en diciembre de 2025 y recibió ofertas de tres compañías: Jan de Nul, DEME y DTA Engenharia. Según el expediente, Jan de Nul quedó primera en el orden de mérito de la etapa técnica. Durante la confección del pliego licitatorio, se supo también que lobbistas de Estados Unidos habrían presionado al gobierno de Javier Milei para que la Hidrovía no terminara en mano de capitales chinos. Cabe recordar que en el comienzo de su gestion, la administración libertaria había cancelado el llamado a licitación porque sólo había presentado propuesta la firma DEME.
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