Cuatro años después del inicio del levantamiento “Mujer, Vida, Libertad”, Amnistía Internacional presentó una investigación que reconstruye cómo funcionó el aparato de seguridad iraní durante la represión de las protestas de 2022 y concluyó que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad.
El informe, titulado Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, tiene más de 1.000 páginas y fue elaborado a partir de 270 entrevistas y del análisis de más de 2.000 videos y documentos, entre ellos material oficial filtrado.
A partir de esa investigación, la organización identificó a 87 funcionarios y mandos de seguridad que, según su evaluación, deberían ser sometidos a investigaciones penales por su posible responsabilidad en los crímenes documentados. La lista incluye 62 integrantes de las fuerzas de seguridad —33 de la Guardia Revolucionaria y 27 de la Policía— y 25 funcionarios del Ministerio del Interior.
Una represión que, según Amnistía, siguió una estructura de mando
Las protestas comenzaron el 16 de septiembre de 2022, después de la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por la policía de la moral. La movilización se extendió por distintas ciudades del país y derivó en una respuesta represiva por parte de las fuerzas estatales.
Amnistía sostiene que los abusos no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, ejecutado como parte de una política estatal destinada a sofocar las protestas y castigar la disidencia. La organización documentó homicidios, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones y otras formas de violencia sexual.
Entre las fuerzas señaladas aparecen principalmente la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y la Jefatura de Policía (FARAJA). El informe analiza sus estructuras de mando y sostiene que existieron órdenes que facilitaron el uso de fuerza letal contra manifestantes.
Una de ellas, según la documentación recopilada, fue emitida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 21 de septiembre de 2022. El documento ordenaba responder de manera severa frente a las concentraciones y detener a quienes participaran de ellas. Días después, siempre según Amnistía, un comandante policial de Mazandarán instruyó a sus subordinados a responder sin piedad, incluso si eso implicaba provocar muertes.
Cientos de muertos y una violencia especialmente grave contra kurdos y baluchis
La investigación también pone el foco en el impacto de la represión sobre las comunidades kurda y baluchi. Amnistía sostiene que ambas fueron afectadas de manera desproporcionada por el uso de fuerza letal y considera que existen elementos para investigar posibles actos de persecución por motivos étnicos y políticos.
En su documentación, la organización registró 377 manifestantes y transeúntes muertos durante el levantamiento, entre ellos 56 niños y niñas.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 30 de septiembre de 2022 en Zahedán, en la provincia de Sistán y Baluchistán. Aquel día, conocido como el “Viernes Sangriento”, las fuerzas de seguridad abrieron fuego durante y después de las oraciones del viernes. Amnistía identificó 87 personas muertas en esa jornada, entre ellas 15 menores.
Los testimonios recogidos por la organización describen escenas de disparos indiscriminados y persecuciones. Sobre los episodios ocurridos en distintas ciudades, sobrevivientes entrevistados por Amnistía los compararon con un campo de batalla y relataron que las fuerzas de seguridad disparaban contra manifestantes, transeúntes y menores.
Violencia sexual y torturas en los centros de detención
La investigación también documenta abusos cometidos contra personas detenidas durante las protestas. Amnistía concluyó que hubo violaciones y otras formas de violencia sexual, además de torturas y malos tratos.
Según la organización, fueron documentados casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y menores de edad, incluyendo desnudez forzada, golpes, descargas eléctricas y agresiones durante la detención. Estos hechos forman parte de los delitos que Amnistía considera que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
El pedido de Amnistía a la comunidad internacional
Entre los funcionarios identificados por la investigación aparece el entonces líder supremo de Irán, Ali Khamenei, además de otros altos responsables de las fuerzas armadas y del aparato de seguridad. Amnistía aclara que la lista no es exhaustiva y que aplicó un estándar de “motivos razonables para creer” al establecer qué funcionarios deberían ser investigados.
La organización sostiene que la falta de mecanismos internos de rendición de cuentas hace necesario recurrir a instancias internacionales. Por eso pidió a la Asamblea General de Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional de justicia penal para Irán y reclamó que los Estados impulsen investigaciones mediante mecanismos de jurisdicción universal. También solicitó que el Consejo de Seguridad remita la situación iraní a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Amnistía informó además que envió sus conclusiones a las autoridades iraníes y notificó a los 87 funcionarios identificados. Al momento de la publicación del informe, la organización señaló que no había recibido respuesta.
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