La Justicia Federal avanzó con la investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente el expediente y le pidió al juez Ariel Lijo una batería de medidas destinadas a reconstruir la evolución económica y patrimonial del presidente de la AFA.
Entre las principales medidas solicitadas figura el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia, además del acceso a información de la Unidad de Información Financiera. El objetivo es determinar si el crecimiento de su patrimonio encuentra correspondencia con los ingresos que declaró durante los años en los que ocupó cargos en el organismo encargado de la gestión de residuos del Área Metropolitana.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que la liquidez declarada por Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% entre 2017 y 2024. La presentación tomó como referencia las declaraciones juradas del dirigente y planteó dudas sobre la correspondencia entre la evolución de sus bienes y los ingresos informados.
La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo después de una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales federales. La Cámara Federal porteña terminó ratificando la intervención del fuero federal debido a que los hechos denunciados están vinculados con la actividad de Tapia como funcionario de un organismo interjurisdiccional.
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Qué se investiga
Tapia forma parte del CEAMSE desde 2014 y llegó a la presidencia del organismo en 2024. Su participación en esa estructura pública es el eje de la denuncia, que no apunta directamente a su desempeño al frente de la AFA, sino a la evolución de su patrimonio en relación con las funciones públicas que desempeñó.
Según la información incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, valuadas fiscalmente en unos $17 millones, además de un vehículo y alrededor de $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, su declaración jurada consignó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, unos $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos que el dirigente declaró por sus distintas actividades. En 2025 informó ingresos anuales por más de $100 millones correspondientes al CEAMSE y más de $718 millones como vicepresidente segundo de la CONMEBOL. En el caso de la AFA, su cargo figura como ad honorem.
Ahora, el fiscal busca avanzar más allá de los datos consignados en las declaraciones juradas. Entre las medidas solicitadas aparecen pedidos de información a organismos públicos y entidades financieras, además de registros vinculados con propiedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves. También se busca conocer sus movimientos migratorios y determinar si existen inversiones financieras o en criptomonedas.
Pollicita pidió además que el CEAMSE remita el legajo laboral de Tapia, con información sobre sus funciones e ingresos, y que la CONMEBOL aporte documentación sobre los cargos que ocupó, los períodos correspondientes y los fondos percibidos. En total, el fiscal solicitó alrededor de 20 medidas de prueba para reconstruir el patrimonio y los movimientos económicos del dirigente.
La respuesta de Tapia
Desde el entorno del presidente de la AFA rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los hechos denunciados son falsos. También cuestionaron al denunciante, Guillermo Tofoni, a quien calificaron como un “denunciador serial”, y anticiparon que podrían iniciar acciones legales por daños y perjuicios y por falsa denuncia.
La apertura de la investigación no implica que Tapia haya sido declarado culpable ni que exista una imputación judicial definitiva sobre un delito comprobado. El objetivo de esta etapa será reunir documentación, analizar la evolución patrimonial y determinar si existen inconsistencias que justifiquen avanzar con otras medidas dentro del expediente.
La causa agrega así un nuevo frente judicial para el dirigente que conduce la AFA desde 2017. Tapia ya enfrenta otros expedientes relacionados con la conducción de la asociación, pero este proceso tiene como eje específico su patrimonio y su actuación como funcionario público en el CEAMSE.
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