La Cámara ratificó la prisión preventiva del exfiscal Mariano Ríos Artacho y de otros cuatro imputados en la causa que investiga el presunto desvío de al menos $425 millones de cuentas judiciales. La camarista Carolina Hernández rechazó los planteos de las defensas y respaldó la hipótesis de una estructura organizada que habría operado durante aproximadamente siete años.
La medida alcanza también al abogado Emilio Barcaccia, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y Julio Mercado, quienes permanecerán detenidos hasta el 2 de diciembre. Los cinco habían apelado las prisiones preventivas dictadas en septiembre por la jueza María Trinidad Chiabrera.
En su resolución, Hernández consideró que las maniobras no pueden analizarse como hechos aislados. Según la investigación de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, el mecanismo incluía la identificación de fondos disponibles, la confección de oficios para justificar los movimientos, las transferencias a cuentas de terceros y, en algunos casos, el retorno de parte del dinero al exfiscal.
Ríos Artacho: cómo sigue la causa por el desvío de fondos judiciales
La camarista sostuvo que Ríos Artacho habría ocupado un lugar central en el esquema, debido a su acceso a las cuentas judiciales y a sus facultades para intervenir en la documentación que habilitaba las operaciones. En ese marco, confirmó también la calificación provisoria de asociación ilícita.
Las defensas cuestionaron que los imputados conocieran el origen ilegal de los fondos y plantearon que los vínculos personales explicaban las operaciones. Por su parte, el exfiscal atribuyó las sustracciones a sus problemas de ludopatía, negó haber dirigido una organización criminal y ofreció reparar el perjuicio económico.
Sin embargo, Hernández entendió que la ludopatía puede explicar la motivación de los hechos, pero no descarta la existencia de una estructura delictiva organizada.
La imputación al ex fiscal Ríos Artacho: el MPA dio detalles sobre la causa
La investigación todavía está en una etapa inicial: de las 148 cuentas judiciales identificadas, los investigadores analizaron 48. Por eso, resta determinar la dimensión total del perjuicio y el destino de los fondos.
La resolución también puso el foco en las fallas de los mecanismos de control del Ministerio Público de la Acusación, dentro de cuya estructura se habrían producido los hechos investigados.
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