La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver qué instancia judicial toma la investigación por lavado de activos contra Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central. La novedad surge luego de una resolución del juez federal Carlos Vera Barros que se conoció este martes en la que acepta la competencia, pero antes un camarista había resuelto que el trámite se siguiera gestionando en el ámbito provincial.
Ver Barros, titular del Juzgado Nº 3 de Rosario, aceptó la solicitud de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra. Por su parte, el fiscal Miguel Moreno, del MPA, inició la causa en la justicia provincial. Así las cosas, el expediente deberá llegar al máximo tribunal del país para que resuelva.
La investigación nació en la Unidad de Delitos Económicos del MPA y llevó inclusive a la detención durante algunos días de Bracamonte, acusado de organizar junto a integrantes de la UOCRA una asociación ilícita, que entre otras cosas incurrió en los delitos de extorsiones y lavado de activos. En primera instancia, a fines del año pasado, el juez Facundo Becerra determinó el envío al ámbito federal de la investigación, pero luego el camarista Daniel Acosta en mayo pasado resolvió que la justicia provincial siga al frente.
Lo dicho originó lo que técnicamente se conoce como “conflicto positivo de competencia” que ocurre cuando un Tribunal provincia y uno federal reclaman participar en una investigación excluyendo al otro. Al diferendo debe resolverlo un “superior común”, que es la Corte Suprema nacional.
Bracamonte llega a esta instancia después de haber sobrevivido el sábado al vigesimonoveno atentado en su contra: desconocidos le dispararon en el Parque Alem, pocos minutos después del partido entre Central y Newell´s y a pocos metros del Gigante de Arroyito, estadio al que no puede entrar por una restricción judicial. Además, fue baleada su pareja. En el lugar se secuestraron ocho vainas.
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