La venta de la histórica cooperativa láctea SanCor quedó envuelta en una creciente disputa judicial que amenaza con complicar el proceso de licitación de sus activos. Aunque el cronograma sigue vigente por ahora, distintos actores del expediente judicial presentaron impugnaciones, denuncias y pedidos de suspensión que ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El proceso se inició tras la declaración de quiebra de la firma en abril de este año, cuando el juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, dispuso la liquidación de la cooperativa y aprobó en junio el pliego de bases y condiciones para la venta de sus bienes. La operación prevé la comercialización de seis plantas industriales junto con marcas históricas del grupo, con una base de valuación que ronda los 52,1 millones de dólares.
Sin embargo, el avance de la licitación quedó bajo fuerte presión judicial. Uno de los síndicos del proceso cuestionó presuntas irregularidades en la administración de la quiebra, denunció limitaciones en el acceso al expediente digital en momentos clave y puso en duda decisiones vinculadas a la gestión de activos sensibles, como el destino de grandes volúmenes de productos bajo custodia judicial. Estos planteos derivaron en un pedido de revisión ante la justicia provincial.
A este escenario se sumó el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por acreedores, tamberos, proveedores y ex trabajadores, que reclamó una medida cautelar para frenar la licitación. El grupo sostiene que el esquema de venta fragmentada podría afectar el valor total de la empresa y advierte sobre una supuesta falta de transparencia en el proceso. También solicitó evaluar alternativas de salvataje que, según su postura, no fueron debidamente consideradas por el juzgado interviniente.
En paralelo, el conflicto sumó un tercer foco con la presentación del empresario Gustavo Scaglione, acreedor a través de Fidulac S.A. e interesado en participar como potencial comprador. Su planteo apunta especialmente contra la división de la empresa en lotes separados, al considerar que esa modalidad podría reducir el valor final de los activos y perjudicar a los acreedores. Además, cuestiona la metodología de valuación y la falta de una comparación entre la venta integral y la fragmentada.
Mientras tanto, el gremio ATILRA también tuvo intervención en el proceso: en el marco del deterioro financiero de la cooperativa, había solicitado la quiebra, aunque luego reclamó que se garantice la continuidad productiva y la preservación de los puestos de trabajo. La crisis laboral se profundizó tras la desvinculación de la mayoría del personal, en un contexto de fuerte deuda acumulada por salarios impagos y obligaciones previsionales.
Pese a la multiplicidad de reclamos, hasta el momento ninguna resolución judicial frenó la licitación. La definición final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá evaluar las cautelares y recursos presentados. Su decisión será clave para determinar si SanCor avanza hacia la venta de sus activos o si el proceso queda en suspenso para una revisión más amplia del expediente.
Comentarios