Hace más de una década que en la ciudad dejó de ser sorpresa que haya un “bunker” en un barrio, que haya una balacera cada noche en los noticieros televisivos, que la primera palabra que sugiere Google cuando se escribe Rosario sea “narco”. Son ya muchos años con un promedio de homicidios que supera el nacional, que para los jóvenes sea tan natural nombrar a Cantero o Alvarado como siempre lo fue hablar de jugadores de Newell’s o Central.
Esto pasa en la misma ciudad en la que la Justicia Federal, encargada de perseguir al narcotráfico, mira para otro lado. Y mientras empresarios y comerciantes padecen extorsiones que suelen ser ordenadas desde alguna cárcel, mientras los fiscales que investigan a las bandas criminales viven con custodia y chaleco antibalas, a los dos jueces federales de la ciudad, no dan entrevistas, ni explicaciones. Por eso la de hoy era una oportunidad para al menos conocerles la cara.
Derecho amaneció rodeada de vallas y móviles policiales. Una custodia que nunca había necesitado esta Facultad de la UNR, por la realización en Rosario de esta jornada inédita que se denominó “Encuentro Nacional de la Justicia Federal”, un evento que se armó de manera rápida ante la repetición de homicidios con sello narco en las últimas semanas, que pusieron otra vez a la ciudad en los zócalos de la TV nacional.
Con el espíritu de darle un respaldo un respaldo a la justicia federal de Rosario en la pelea contra el narcotráfico, se reunieron el rector de la UNR, el gobernador, el intendente, los integrantes de la Corte Suprema de la Nación y de la provincia, el Consejo de la Magistratura, el fiscal general Jorge Baclini, senadores nacionales y jueces federales de todo el país, entre ellos los dos de esta ciudad: Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, a los que se los vio muy nerviosos en sus cruces con la prensa acreditada.
Sólo el tiempo permitirá saber si el de hoy fue un acto gatopardista y aquello de “cambiar algo para que nada cambie”, o si fue el puntapié de una nueva etapa. Se habló de crear una agencia con participación de actores de la justicia provincial y federal, de la AFIP y la UIF. Los actores hablaron de dar una vuelta de página, aunque los antecedentes no ayuden a ser demasiado optimistas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, fue categórico. Dijo: “Algunos por acción u omisión, han sido cómplices del crecimiento del narcotráfico. Es tiempo de saber de qué lado está cada uno”.
Lo más reciente en esta materia es lo que pasó en el juicio que se viene llevando adelante contra Esteban Alvarado en el Centro de Justicia Penal. Allí, se reveló una enorme trama de complicidades políticas y policiales que permitieron el desarrollo de la banda narco en Rosario, desde 2012. Una organización con ramificaciones económicas y una red de lavado de dinero que le permitió al líder narco, hoy preso en una cárcel federal, sostenerse en el tiempo y ampliar su presencia en la ciudad, disputando territorio con la banda de Los Monos.
En el alegato que hicieron esta semana Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, fiscales del MPA que hicieron la investigación, mostraron pruebas de la inacción de la Justicia Federal para investigar a Alvarado entre 2013 y 2014. Ya entonces un Juez de San Isidro había relevado que la banda de “Los Rosarinos” había dejado de tener el robo de autos como única actividad delictiva y se estaba dedicando al narcotráfico. Inclusive, había videos de avionetas bajando bultos en un camino rural santafesino y una montaña de CD’s con escuchas que hubiesen permitido detener a tiempo el fenómeno.
Pero en aquel momento, el primero que se excusó fue el juez Vera Barros. Y luego su colega Bailaque decidió negar el pedido de intervenir líneas telefónicas. “De haberlo hecho en ese momento, se podría haber tenido información clave. Una de los números que se había pedido escuchar era el de Daniela Ungaro, la pareja de Luis Medina al momento de abrir Esperanto”, señaló en estos días un investigador de la justicia provincial. Por esto, según dijeron los fiscales al terminar su alegato en el juicio de Alvarado, anticiparon que irán al Consejo de la Magistratura para que el doctor Marcelo Bailaque brinde explicaciones.
El narcotráfico creció exponencialmente en los últimos quince años en la ciudad y los jueces que deben perseguirlo pusieron cara de poker hoy en los pasillos de la Facultad de Derecho, cuando los periodistas de Red Boing y otros medios locales preguntaron a Vera Barros y Bailaque si tenían alguna autocrítica para hacer. Ambos con cara de poker, como si no hubiera nada para revisar. A diferencia de los políticos, que revalidan sus cargos cada cuatro años, una Juez Federal tiene un puesto de por vida y sólo pueden ser cuestionados por el Consejo de la Magistratura. El problema es que más allá de la situación institucional o la explicación que pueden no darle a los medios, sino a una sociedad que los está mirando. Hoy, más que nunca.
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