La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en una causa que investigaba un presunto esquema de espionaje ilegal durante su gobierno. La decisión también alcanzó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros agentes que estaban involucrados en el expediente.
La investigación había comenzado a partir de una denuncia por la presunta obtención irregular de correos electrónicos pertenecientes a dirigentes políticos, periodistas y miembros de distintas fuerzas policiales. También se había denunciado la supuesta presencia de una agente encubierta dentro de la agrupación política Kolina.
Sin embargo, el tribunal entendió que el caso tenía un problema central: las pruebas sobre las que se construyó la investigación no contaban con garantías suficientes respecto de su origen y conservación.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi coincidieron con el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya había dispuesto el cierre de la causa. En particular, cuestionaron el valor probatorio de dos discos rígidos que contenían parte de la información utilizada para intentar demostrar el supuesto espionaje.
Por qué se cuestionaron las pruebas
Uno de los principales puntos señalados por la Cámara fue la falta de documentación que permitiera reconstruir qué había ocurrido con los dispositivos desde el momento en que fueron obtenidos.
Según los peritajes incorporados al expediente, no existía un registro preciso sobre dónde fueron encontrados los discos, quiénes tuvieron acceso a ellos ni bajo qué condiciones fueron preservados. Tampoco se pudo determinar con certeza si los dispositivos pertenecían originalmente a la estructura informática oficial de la AFI.
Los especialistas detectaron además que determinados archivos en formato .PST habían sido modificados y que existía la posibilidad técnica de alterar tanto su contenido como las fechas asociadas a los correos electrónicos.
Otro inconveniente estuvo relacionado con las credenciales utilizadas para acceder a la información. De acuerdo con el fallo, se habría recurrido a un usuario genérico, lo que dificultó establecer quién había manipulado los datos.
Para los jueces, todas esas irregularidades afectaron la trazabilidad y la integridad de la evidencia, dos elementos fundamentales para determinar que una prueba digital no haya sido modificada desde su obtención.
Una causa sin pruebas independientes
La Cámara consideró que el problema no podía solucionarse simplemente con nuevos análisis sobre los discos. El expediente no contaba, según los magistrados, con otra línea de investigación capaz de demostrar los hechos denunciados sin depender de ese material.
En otras palabras, una vez que los dispositivos fueron descartados como evidencia válida, la acusación quedó sin elementos suficientes para sostenerse.
Por ese motivo, los camaristas confirmaron los sobreseimientos y dieron por cerrado el expediente para Macri, Arribas, Majdalani y los demás imputados.
La resolución no establece que los hechos denunciados hayan quedado demostrados como falsos, sino que sostiene que la prueba disponible no reunía las condiciones necesarias para respaldar una imputación penal.
De esta manera, la Justicia ratificó el cierre de una de las investigaciones que había puesto bajo la lupa a la estructura de inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri.
Comentarios