Una investigación periodística reveló el funcionamiento de una organización que habría reclutado a más de 50 argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia bajo falsas promesas de trabajo y salarios de hasta 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, una vez en destino, las condiciones distaban de lo ofrecido: les retenían la documentación, quedaban incomunicados y eran sometidos a entrenamiento militar.
El tema fue abordado por el periodista Gustavo Carabajal, especialista en temas policiales y judiciales, durante una entrevista con el programa Extra Río Primera Hora, por FM Río 96.9, donde brindó detalles de la investigación publicada en el diario La Nación.
Según explicó, detrás del reclutamiento operan células que utilizan redes sociales para captar a potenciales combatientes.
“El ofrecimiento aparece primero a través de las redes sociales. Les prometen un sueldo de 3.000 dólares por mes para combatir en Ucrania”, señaló Carabajal.
Cómo es el mecanismo de reclutamiento
De acuerdo con la investigación, el primer contacto se realiza mediante publicaciones en redes sociales. Luego, las conversaciones continúan a través de aplicaciones de mensajería encriptada.
En una segunda etapa, los interesados son convocados a la Ciudad de Buenos Aires, donde pasan una noche en hoteles del microcentro y reciben instrucciones sobre el viaje y la tarea que, supuestamente, desempeñarán.
Uno de los puntos centrales del procedimiento consiste en el relato que deben dar ante las autoridades migratorias.
“Les dicen que, si les preguntan, respondan que viajan para realizar tareas de reconstrucción en la ciudad de Zaporizhia”, explicó el periodista.
Esa versión, sostuvo, busca ocultar el verdadero objetivo del viaje, ya que el reclutamiento de personas para integrar ejércitos extranjeros está prohibido por la legislación argentina.
El viaje y las falsas promesas
Los reclutadores prometían un salario mensual de 3.000 dólares, aunque, según la investigación judicial, ninguno de los argentinos que regresó al país llegó a cobrar esa suma.
El recorrido comenzaba con un vuelo hacia Turquía y luego continuaba hasta Moldavia, desde donde ingresaban por vía terrestre a territorio ucraniano.
Una vez allí, la situación cambiaba por completo.
Los reclutados entregaban sus pasaportes y teléfonos celulares, permanecían incomunicados con sus familias y recibían instrucción militar durante aproximadamente dos meses.
“Cuando llegan les retienen el pasaporte, les sacan el celular y les impiden toda comunicación con la familia. Durante ese tiempo están privados de su libertad”, afirmó Carabajal.
Recién después del período de entrenamiento recuperaban la documentación.
Una investigación que comenzó por una alerta internacional
El caso comenzó a investigarse el 29 de marzo, luego de que fiscales colombianos advirtieran sobre maniobras similares en ese país y compartieran la información a través de los canales de cooperación internacional coordinados por Interpol.
A partir de esa alerta, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) impulsó medidas preventivas junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal Argentina.
Los investigadores detectaron pasajeros que viajaban hacia Europa o Turquía sin pasaje de regreso y que desconocían quién había financiado el viaje, un patrón que coincidía con el utilizado por la organización.
La causa quedó en manos de la División Antisecuestros de la Policía Federal debido a la posible comisión de delitos vinculados con la trata de personas y la privación ilegítima de la libertad.
Los acusados y los contratos
Entre los principales investigados aparecen Jorge Otero, conocido como “Sargento Trembo”, quien permanece prófugo, y Griselda Ortiz, exintegrante de la Policía Bonaerense.
Según Carabajal, ambos viajaron anteriormente a Ucrania y utilizaban fotografías y videos de esas experiencias para dar credibilidad a las ofertas de reclutamiento.
La investigación también reveló que, una vez en Ucrania, los argentinos firmaban contratos redactados en un idioma que no comprendían.
Esos documentos establecían un compromiso de tres años de servicio, mientras que la posibilidad de solicitar la baja recién podía plantearse después del quinto mes.
La Justicia argentina busca determinar el alcance de la organización y establecer cuántas personas fueron captadas mediante este mecanismo, que, según las primeras estimaciones, ya habría enviado a entre 50 y 60 argentinos al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.
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