El Senado busca tratar dos de las iniciativas que el Gobierno considera prioritarias: el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la autorización para avanzar con el pago acordado a fondos buitres. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo debió negociar modificaciones con bloques opositores dialoguistas.
La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió cambios significativos respecto de su versión original. Entre ellos, se eliminó el capítulo que proponía reformas a la ley de barrios populares, uno de los puntos que más resistencia había generado durante el debate en comisión.
Además, se incorporaron modificaciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros, los procedimientos de desalojo y los criterios para las expropiaciones. Con estas concesiones, La Libertad Avanza busca reunir los apoyos necesarios para aprobar un proyecto que considera clave dentro de su agenda de reformas.
Compra de tierras por extranjeros
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los límites establecidos por la actual Ley de Tierras para la adquisición de campos por parte de inversores extranjeros. Sin embargo, el texto consensuado establece que serán las provincias las encargadas de autorizar este tipo de operaciones cuando no intervengan Estados extranjeros.
Asimismo, se prohíbe expresamente la compra de tierras por parte de gobiernos extranjeros, empresas controladas por Estados o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos estatales de otros países. De esta manera, las provincias conservarán la potestad de decidir sobre las operaciones realizadas dentro de sus territorios.
Desalojos diferenciados
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de mecanismos más rápidos para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. El texto establece que los desalojos exprés se aplicarán únicamente en casos de usurpación. En estas situaciones, la Justicia deberá tramitar el proceso mediante un procedimiento sumarísimo para acelerar la restitución de la propiedad.
En cambio, para los conflictos vinculados a alquileres, se mantendrán garantías adicionales para los inquilinos. El plazo de intimación por falta de pago será de diez días, el doble de lo que planteaba originalmente el Gobierno. Si el incumplimiento persiste, el propietario podrá iniciar una acción judicial que deberá resolverse mediante el trámite más breve previsto por la legislación vigente.
La notificación podrá realizarse tanto en el domicilio físico como electrónico informado en el contrato y se considerará válida incluso si el locatario se niega a recibirla.
Cambios en las expropiaciones
La iniciativa también modifica aspectos vinculados a los procesos de expropiación. El proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá la obligación de fundamentar claramente los motivos que justifican la medida.
Además, el proyecto incorpora un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, una precisión que no figuraba en el texto original. También fija que los intereses deberán calcularse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa correspondiente a depósitos a 30 días del Banco Nación.
La negociación para conseguir los votos
Con apenas 21 senadores propios, el oficialismo necesitó acordar cambios para sumar respaldo de sectores aliados y alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara alta.
Por esa razón, aceptó eliminar algunos artículos cuestionados y reformular otros puntos sensibles. La estrategia apunta a garantizar la aprobación de una iniciativa que el Gobierno considera fundamental para fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a propietarios e inversores.
La discusión se desarrollará junto al proyecto que habilita el pago acordado a grupos de bonistas, una iniciativa que el Ejecutivo busca sancionar antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo alcanzado con esos acreedores.
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