La Fiscalía pidió 7 años de prisión para el financista rosarino Pablo Arcamone, acusado de haber cometido 23 estafas en el marco de una causa por delitos económicos. El pedido fue realizado por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quien también solicitó la misma pena para su colaborador Martín Fernández, señalado como coautor.
De acuerdo a la investigación, ambos habrían recibido dinero de inversores bajo promesas de ganancias que nunca se concretaron. Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2024, derivaron en múltiples denuncias de clientes que aseguran haber sufrido pérdidas económicas por sumas millonarias que, en total, superarían el millón de dólares y los 240 millones de pesos.
Se entiende que los imputados montaron un entramado bajo el nombre “Grupo América” para captar fondos con una apariencia de legalidad (oficinas, personal y una sociedad bursátil habilitada) y luego derivarlos a maniobras ilegales. Parte de la operatoria se habría canalizado a través de la Asociación Mutual Pedro de Mendoza, donde se realizaban operaciones sin respaldo formal ni registros contables.
La Fiscalía sostiene que el esquema incluía maniobras de cambio de divisas, intermediación financiera no autorizada y especulación. Cuando los inversores reclamaban su dinero, recibían evasivas, promesas de pago o directamente se cortaba el contacto.
La causa se inició a partir de denuncias de las víctimas y fue avanzando con el análisis de movimientos financieros, documentación y dispositivos electrónicos.
Arcamone fue detenido en 2025 tras una serie de allanamientos en Rosario, en un procedimiento en el que también se buscó reconstruir el circuito del dinero y posibles vínculos con otras personas. La investigación incluyó además sospechas de lavado.
Semanas después, el financista fue imputado formalmente en una audiencia judicial donde se expusieron los primeros hechos denunciados.
Para los fiscales, la pena solicitada se justifica por la cantidad de hechos, el nivel de organización del esquema y el perjuicio económico generado. Además, pidieron la inhabilitación por 10 años para ejercer el comercio y participar en sociedades, junto con el decomiso de bienes.
Con la investigación ya avanzada, también solicitaron la apertura a juicio y la realización de una audiencia preliminar. Ahora será la Justicia la que deberá definir los próximos pasos del proceso.
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